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El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en 684.990.350.139,86 millones de pesos el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner. Son unos 537 millones de dólares actuales
El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.
La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.
Ante esto se hizo necesario disponer la actualización y ahora que terminó este trámite el Tribunal dará diez días hábiles a los condenados para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. Si esto no se cumple se avanzará con ejecución de embargos.
La suma se reclama en base al perjuicio que se considera probado causaron al Estado Nacional los delitos cometidos con la adjudicación direccionada de 51 obras viales nacionales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, entre ellas «Austral Construcciones».
Los otros ocho condenados en la causa Vialidad son, ademas de CFK: Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
Qué pasa si no pagan ?
Luego de que el Tribunal, presidido por el juez Jorge Gorini, analice el informe pericial y determine los montos en cada caso, se intimará a los condenados a depositar la cifra correspondiente en un plazo de diez días. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de bienes embargados. Para ello, ya se avanza en la actualización de los embargos dictados durante la instrucción de la causa, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, acciones de empresas y vehículos.
El fiscal Diego Luciani, que intervino en el caso, subrayó que la ejecución del decomiso es de “particular relevancia”, dado el “daño social inconmensurable y sin precedentes” causado por la maniobra defraudatoria. Además, elevó un informe detallado de 40 páginas con los bienes detectados bajo titularidad de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez, entre otros.
En el caso de la ex vicepresidenta, se solicitó que se mantenga el embargo sobre fondos en una caja de seguridad y cuentas bancarias, además de los 25 inmuebles cedidos a sus hijos en 2016 y el valor actualizado de las acciones de Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y COMA S.A.
Báez, por su parte, posee más de 130 propiedades, la mayoría en Santa Cruz, además del paquete accionario de constructoras como Austral Construcciones.
El posible destino de los bienes
De acuerdo con la Ley 23.853 y una acordada de la Corte Suprema, el dinero decomisado pasará a formar parte del presupuesto del Poder Judicial. No obstante, los fiscales Luciani y Sergio Mola insistieron durante el proceso en que se le dé un destino social: “Debe resarcirse de manera integral el grave daño ocasionado por la defraudación colosal que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y un particular llevaron a cabo en perjuicio del Estado”.
En ese sentido, sugirieron que los fondos sean utilizados para cubrir necesidades sanitarias, educativas, de infraestructura o vivienda, con el objetivo de “compensar e intentar reparar el grave desequilibrio ocasionado por los delitos”.
El próximo paso será el inicio del proceso de ejecución, con la intimación a los condenados para el pago del monto o el embargo de sus bienes.
