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El bloque de diputados justicialistas, ingresaron un pedido de interpelación al ministro de Hacienda, Carlos Sadir, durante la sesión que se realizó este jueves, para que brinde explicaciones sobre los sueldos que perciben los funcionarios del ejecutivo provincial que son superiores a los 100.000 pesos.
Los legisladores justicialistas se sumaron al pedido de informes que entró por los diputados del FUyO, por los salarios de los ministros, secretarios y coordinadores que forman parte del gabinete del gobernador Gerardo Morales.
En efecto, fue el Bloque Justicialista el que se adelantó a solicitar al gobierno una aclaración respecto a la controvertida situación –de los salarios onerosos de los miembros del gabinete provincial- que afloró días pasados cuando se publicó en algunos medios de comunicación digitales y en las redes sociales el recibo de sueldo de la actual ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, cuyo monto neto superaba los 105 mil pesos.
“Queremos que el gobierno, a través del funcionario competente -Carlos Sadir- remita a la Legislatura la real nómina salarial de los ministros y secretarios de Estado. La semana anterior trascendió públicamente que Galfré percibió una remuneración de 124.774 pesos. Esto es lo que cobra un ministro del gobierno de Gerardo Morales, mientras que un trabajador con categoría 1 necesita dos años completos de su salario para alcanzar esa estrepitosa suma”, aseveró la diputada justicialista Alejandra Cejas.
En igual sentido, cuestionó que sean las redes sociales las que hayan tenido que revelar esta información y se preguntó cuál será la erogación que realiza el Estado provincial para afrontar el pago de los salarios de los ministros, secretarios y directores provinciales, y la ampliación que se hizo a casi el doble de la planta de funcionarios.
Para la legisladora justicialista y el resto de sus pares del bloque, el gobierno actual procedió de idéntica manera que en el municipio capitalino cuando se hicieron cargo de su administración, ampliando su planta de funcionarios con salarios altos y achicando la escala remunerativa del resto de los trabajadores.
A esta aseveración, le sumó las denuncias de algunos gremios acerca del lugar donde se estarían realizando las liquidaciones de sueldos de los funcionarios, “fuera del ámbito del palacio gubernamental, en estudios contables privados para evitar a los trabajadores el acceso a la información”.
Desde los escaños del justicialismo también se pidió la presencia del funcionario Sadir para que explique la situación judicial del actual contador General del Estado, Salvador Armando Meyer, quien –afirmaron- se encontraría imputado, procesado e inhabilitado para ejercer cargos públicos en la causa “Pibes Villeros”, la misma causa por la que el gobierno accionó con denuncias ante la Justicia contra otros ciudadanos jujeños.
La oposición justicialista hizo además una encendida defensa de los trabajadores estatales y de sus derechos a reclamar mejores salarios y condiciones laborales a través de la huelga, rechazando de plano el anuncio del gobernador y varios funcionarios del Ejecutivo sobre el descuento de los días de paro.
