La Cámara de Diputados de la Nación rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y le asestó un duro golpe al oficialismo. Si se aprueba en el Senado, se cae la decisión presidencial.
La oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo 2 abstenciones.
La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político pero la Casa Rosada la rechazó por su alto costo fiscal.
Sin embargo, pocas horas antes del inicio de la sesión el vocero presidencial Manuel Adorni anunció a través de las redes sociales que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.
Al inicio de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que la oposición deberá reunir dos tercios de los votos para habilitar el debate de cada uno de los vetos. Luego tendrán que alcanzar nuevamente esa mayoría para rechazarlos.
La oposición logró los dos tercios y se encendieron luces de alarma en el tablero de control de los libertarios porque se hizo evidente que antiguos aliados no estaban dispuestos a jugar en tándem con el bloque violeta.
Dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, habilitaron la votación tal como habían anticipado en los días previos. Zago fue el jefe del bloque LLA cuando comenzó el gobierno de Milei y luego salió eyectado por sus tensiones con Martín Menem.
También el PRO aportó cuatro votos afirmativos para poner en discusión el veto a pesar del acuerdo electoral en CABA y la provincia de Buenos Aires. Fueron los larretistas Héctor Baldassi y Álvaro González, Sofía Brambilla y Ana Clara Romero.
💬 | @NataliaSarapura: “Digamos ‘no a la crueldad’; ‘sí a los derechos de la personas con discapacidad’ y ‘sí al rol del Estado presente y a la garantía de derechos”. pic.twitter.com/UwyicRPiiU
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) August 20, 2025
Los legisladores de Jujuy votaron a favor de la emergencia en discapacidad: Los justicialistas, Leila Chaher y Guillermo Snopek; los radicales, Natalia Sarapura y Jorge Rizzotti y Alejandro Vilca del FIT-U, mientras el libertario, Manuel Quintar se manifestò en contra de los discapacitados.
El bloque Innovación Federal, que responde directamente a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro aportó otra media docena de votos clave. Lo que dejó en evidencia una vez más las tensiones con las provincias por el reparto de fondos y el armado electoral que llevó adelante la propia Karina Milei.
“Me cuesta imaginar el futuro de la Argentina sin los argentinos que hoy están sufriendo. El Presidente nos dice hasta genocidas y golpistas. Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican que es un 0.03% del PBI la recomposición de las prestaciones básicas. ¡Explíquenme por qué en el veto dice que las medidas sancionadas cuestan 6%!”, afirmó Pablo Juliano, de Democracia para Siempre.
El titular de la Comisión de Discapacidad y autor de la ley, el diputado nacional Daniel Arroyo fue conceto y manifestó: “La Ley de Emergencia en Discapacidad está fuera de la grieta porque es de pura justicia, de pura humanidad y de pura racionalidad económica”.
Agregó, además, que “el veto es absurdo porque todos sabemos que no tiene impacto fiscal, ya que mejora la situación, reordena un sistema que está colapsado y no tiene ningún sentido que el gobierno la haya vetado”.
“La situación de verdad está colapsada: la persona que va a trabajar cuatro horas a un taller protegido sigue cobrando $28 mil por mes, el transportista sigue cobrando $541 el litro de nafta y no puede trasladar los cinco días a una persona que hace un tratamiento, un acompañante terapéutico cobra a seis meses solo $3.000 por hora, los hogares y los talleres están a punto de cerrar, y reordenar todo eso es 0,003% del PBI”, amplió Arroyo. Luego, reiteró: “No tiene impacto fiscal”.
💬 | @LicDanielArroyo: “La ley no tiene impacto fiscal, mejora la situación, reordena un sistema que está colapsado; no tiene ningún sentido que el Gobierno la haya vetado”. pic.twitter.com/SD7DexegNF
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Desde el oficialismo cerró el debate Santiago Santurio, quien durante su discurso poco habló del tema de discapacidad o del veto y se dedicó sí a lanzar muchas críticas contra el kirchnerismo. “Lo de ustedes es lo peor que le pasó a la Argentina. Hay un nuevo modelo en la Argentina que redujo la pobreza, y esto no es hablar con el corazón, es hablar con los datos”, enfatizó.
💬 | @Turios: “Si el superávit es la piedra angular para cambiar el modelo empobrecedor que se venía arrastrando en la Argentina, no puede ser que se voten gastos que no tienen financiamientos claros y exhaustivos sobre las partidas”. pic.twitter.com/IQdjqgA5eO
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Qué dice el proyecto
El proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, había sido aprobado por unanimidad en el Senado y con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones el 4 de junio en la Cámara baja.
Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).
Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.
Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.
Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.
Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.

