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El desperfecto en el acueducto de Los Perales fue el tema central de la sesión ordinaria de la Legislatura que se celebró este miércoles. Los diputados oficialistas y opositores se pasaron facturas y mostraron un costado que estuvo lejos de lo humano.
Los legisladores del bloque justicialista cuestionaron el planteo del radicalismo y de otros sectores de la oposición por la falta de agua potable que afectó la semana pasada a varios barrios del norte de la capital motivada en la rotura del acueducto ubicado en la margen izquierda del Río Grande, del que por estos días se está reemplazando un tramo.
Los oficialistas pidieron la solidaridad de todos los sectores de la política en un momento crítico, en el que «la gente no repara en discusiones y discursos demagógicos cuando se abordan temas de alta sensibilidad social». Afirmaron que la oposición asumió una «posición facilista y un oportunismo político».
Todo comenzó con la intervención de la diputada Isolda Calsina, a quien rápidamente rebatió el justicialista Osvaldo del Grosso, quien dio precisiones técnicas sobre las redes de agua potable y el inconveniente que dejó sin agua a varios barrios. En su exposición, Del Grosso calificó a Calsina de “ignorante” y “mentirosa”.
En otro momento, el mismo legislador desmintió que la empresa Agua de los Andes y el Gobierno de la provincia no hayan realizados las inversiones necesarias para brindar el servicio. Por el contrario, detalló que las estadísticas indican que nuestra provincia se encuentra en el tercer lugar del ranking de provisión de agua a nivel nacional, en el primer puesto de las provincias del NOA y en el segundo escalón de las jurisdicciones que realizan la medición de consumo del líquido elemento.
En medio de la discusión, diputados de Unidos y Organizados y de la UCR también se cruzaron con acusaciones relacionadas a las responsabilidades del municipio y de las organizaciones sociales en temas vinculados a los servicios y a las ayudas sociales que llegan a la provincia desde Nación.
Miguel Lembo (PJ) lamentó que el debate girara hacia un plano netamente político y aclaró que el objetivo del Estado es proveer de agua potable a todos los ciudadanos, sin distinción de clases ni banderías políticas.
El jefe de la bancada oficialista, Javier Hinojo, refutó el argumento para dar lugar a un pedido de informes sobre Agua de los Andes realizado desde el radicalismo. «Aprobar una iniciativa de esa naturaleza por un caño roto es caer en un facilismo político que no le interesa a la gente, afirmó.
Más allá de las chicanas y discusiones, en algo coincidieron los diputados al aprobar por unanimidad la ley que crea el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas, que procurará la cobertura de medicamentos, estudios y prácticas relacionados con esa situación.
Además, aprobaron la ley que establece al 10 de Septiembre como día Provincial de la Prevención del Suicidio y la Declaración 187 que expresa el beneplácito por la labor desarrollada como Cónsul Argentina en Villazón, República de Bolivia, de Reyna Ylia Josefina Sotillo de Galgano. Al respecto, el vicegobernador Guillermo Jenefes, que presidió la sesión, destacó que Sotillo de Galgano realizó gestiones «muy importantes para combatir la trata de personas».
