Por El Submarino Jujuy. ¿En qué afecta la nueva Constitución de la provincia de Jujuy en la vida cotidiana? Veamos uno por uno los cambios que se aprobaron y el modo en que influirán en el día a día de jujeñas y jujeños.
Derecho a la protesta
Si trabajás en el Estado, si pertenecés a una comunidad originaria, si sos estudiante, si te la rebuscas vendiendo en la calle, si tenés una hija víctima de femicidio, si en tu barrio falta seguridad, luz o las calles están rotas, si gestionás un comedor popular… y querés salir a la calle a reclamar justicia, un aumento de sueldo, que te dejen trabajar, que arreglen tu escuela, que no te desalojen de tu tierra o que no te saquen el agua para proyectos mineros que te van a empobrecer…
Esta reforma te afecta porque si salís a reclamar te hacen un acta contravencional, te aplican una multa, te abren una causa judicial, te suspenden de tu trabajo, te descuentan parte de tu mísero salario.
Órganos de control
Los órganos de control son:
- Tribunal de Cuentas, que debe fiscalizar cómo y para qué se usan los fondos públicos
- Su.Se.Pu., que controla el funcionamiento de los servicios públicos
- Defensoría del Pueblo, que vela por que las reparticiones estatales respeten tus derechos Oficina Anticorrupción, que investiga la conducta y el patrimonio de los funcionarios
Todos estos organismos deben tener autonomía. No pueden ser controlados por el Poder Ejecutivo sino que deben mantener la independencia necesaria para defender los intereses de la población.
En la nueva Constitución, el Tribunal de Cuentas prácticamente desaparece. Y los titulares de los órganos de control serán designados directamente por el gobernador de turno. ¿Qué grado de independencia tendrían si tuvieran que investigar a la persona que los designó?
Se trata de poner en la Constitución algo que ya viene ocurriendo de hecho, porque hace 7 años que el gobierno del contador Gerardo Morales no explica en qué usa el dinero de la provincia ni rinde cuentas del endeudamiento que tomó, que llega a 2000 millones de dólares, el equivalente a cinco presupuestos anuales de la provincia.
Morales tampoco explica de dónde sale la plata que usa para su campaña presidencial.
Derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes
El Consejo Provincial de la Mujer y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes existen para garantizar la protección y los derechos de esa parte de la población, que además son la mayoría.
Al incorporar esas dos áreas a la Constitución, queda establecido para siempre (y sin posibilidad de modificación) que las personas que estén a cargo serán nombradas por el gobernador de turno.
La justicia
Los miembros del Consejo de la Magistratura, que tendrán la tarea de nombrar, controlar y eventualmente juzgar y destituir a los jueces, van a ser nombrados por el gobernador.
Lo mismo con el responsable del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el órgano que reúne a los fiscales encargados de investigar las causas judiciales.
Entonces, el gobernador de turno tendrá el manejo total del Poder Judicial.
La Constitución Nacional consagra la independencia y autonomía de los tres poderes del Estado. Si el Ejecutivo controla el Judicial, se rompe el sentido de nuestro ordenamiento democrático.
Los jueces, además, son nombrados de por vida. ¿Por qué se preocuparían en hacer bien su trabajo si no corren el riesgo de perderlo?
Tierras
Si vivís en las tierras donde nacieron vos, tus padres y tus abuelos, pero no tenes un papel que lo certifique; si sos campesina o campesino o perteneces a una comunidad indígena, la nueva Constitución de la provincia no va a reconocer tu derecho sobre esas tierras.
Entonces puede venir cualquiera con un papel firmado y desalojarte.
Puede venir también el Estado provincial y sacarte de tu tierra con el argumento de que se trata de una tierra fiscal, y empezar en tu propio terreno proyectos que destruyen el ambiente y agreden la naturaleza.
Esto es ilegal. Hay una norma internacional que a nivel país tiene fuerza constitucional, el Convenio 169 de la OIT -que las comunidades originarias conocen muy bien-, que obliga al Estado a hacer una consulta previa, libre e informada antes de iniciar cualquier emprendimiento que pueda afectar el ambiente, la tierra, la vida cotidiana, la cultura y las tradiciones de quienes ocupan esas tierras.
La nueva Constitución, encima, dice que las tierras fiscales, sí o sí, deberán ser destinadas a explotaciones de cualquier tipo. No dice nada de uso social ni tradicional ni comunitario.
Recursos naturales
La nueva Constitución dice que se debe promover la explotación económica y financiera de los recursos naturales.
Esto va en contra de los derechos de jujeñas y jujeños, comunidades campesinas y originarias, consagrados en el art. 41 de la Constitución Nacional, que refiere: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futura… Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica…»
Los pueblos originarios de nuestra provincia lo saben bien: la tierra, los cursos de agua, los minerales, los frutos que nos da la Pacha, no son «recursos» ni deben ser considerados fuentes de riqueza.
Agua
Si hablamos de «recursos», el agua es el elemento central, primario, escaso y necesario en nuestra tierra.
La nueva Constitución establece la creación de un “organismo descentralizado”, un Instituto del Agua, cuyos titular e integrantes serán nombrados (otra vez) por el gobernador de turno. Esas autoridades, dice el texto, proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales y a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica.
Pero el gobierno NO es dueño del agua. El agua no tiene dueño. Es de la tierra, de la naturaleza. Alimenta la tierra. En lo formal, incluso hay ríos que son internacionales o interprovinciales, que deben ser considerados en toda su cuenca, por lo que no pueden quedar bajo el control de un gobierno de una provincia.
Por otro lado, para el uso del agua dulce existen prioridades: primero, para uso humano; después, para el mantenimiento de la biodiversidad, es decir, las especies vegetales y animales; en tercer lugar, para la subsistencia, irrigando cultivos y provisionando al ganado. Y mucho después para otros emprendimientos o usos.
El agua no está ahí sólo para la minería, como nos quieren hacer creer.
¿Por qué nos importa la Constitución?
La Constitución es un conjunto de reglas, normas fundamentales para convivir en una sociedad. Es como un contrato donde se fijan límites al poder, para evitar abusos, ilegalidades y corrupción; y establece los puntos básicos para proteger las libertades y los derechos de las personas.
Por eso es tan importante que las personas que discutan un proyecto de Constitución sean representativos de los intereses y preocupaciones de todos los sectores de la sociedad.
La Constitución no puede ser tratada a espaldas del pueblo, sin dar información y sin permitir la participación.
Cuando los ciudadanos y ciudadanas votamos a gobernadores, diputados, intendentes y concejales, les damos nuestro mandato para que administren las cuestiones públicas en nuestro nombre. Pero no les firmamos un cheque en blanco para que hagan lo que quieren, como pretende hacer el gobierno provincial con esta nueva Constitución.
Las constituciones provinciales y la Constitución Nacional marcan el camino para ponerle un freno al poder ilimitado de un gobierno de turno. No importa el signo político que quien gane las elecciones, todos tienen que ajustarse a las pautas que marca la Constitución.
¿Por qué hay oposición a esta reforma?
La última Constitución de Jujuy se aprobó en 1986. Es considerada una de las más avanzadas del país, porque en ese año incorporó algunas cuestiones que serían tomadas por la Constitución Nacional años después, en la reforma de 1994.
Pero esta nueva Constitución jujeña provoca rechazos por varias razones:
- No se realizó ninguna consulta a las jujeñas y jujeños para que digan si consideraban necesario reformarla.
- La ley 6302, que aprobó en la Legislatura el proyecto de reforma propuesto por el Poder Ejecutivo, tenía sólo tres hojas con un listado de artículos para cambiar, sin desarrollar los contenidos, explicar los fundamentos ni dar las razones por las que eran necesarias las modificaciones.
- Acordáte: esa ley se sancionó gracias a la “colaboración” del diputado justicialista Fernando Posadas, porque al oficialismo le faltaba un voto. Después de levantar la mano, renunció y luego fue expulsado del PJ. Había llegado a la banca por haber estado en la lista de la boleta del PJ.
- Los convencionales constituyentes que fueron electos el 7 de mayo juraron el 22 de ese mismo mes. El proyecto del gobierno recién se conoció el 5 de junio.
- Las comisiones funcionaron durante apenas siete días, sin que se hicieran públicas esas discusiones, lo que estuvo en contra del derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía. Nadie sabía cuál era el texto propuesto ni qué se debatía en esas reuniones.
Una Constitución debería ser el documento fundacional de un acuerdo social, un consenso de la comunidad en el que se establecen las pautas de convivencia y funcionamiento de las instituciones que representan a la sociedad. Es un conjunto de normas y parámetros que rigen el modo en que convivimos, nos relacionamos, nos organizamos, nos fiscalizamos y nos protegemos mutuamente.
Las leyes, ordenanzas y resoluciones son dinámicas, se van modificando de acuerdo a los tiempos que tocan. Las Constituciones, en cambio, rigen por décadas. Son contratos de largo plazo. Por eso es tan importante una reforma constitucional.
Por esto, una Constitución que no refleja el sentir de su pueblo, su cosmovisión, sus aspiraciones, es solamente una foto de un momento dominado por una tiranía.