El Ministerio Público de la Acusación emitió un comunicado firmado por todos sus integrantes en defensa de la institucionalidad de la provincia, y en oposición al proyecto presentado en la Cámara de Senadores de la Nación, de intervención al Poder Judicial de Jujuy y al organismo que conduce Sergio Enrique Lello, desde su creación, que agrupa a los fiscales penales de la provincia.
«La creación y puesta en funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, con autonomía funcional -ley provincial 5895- respondió a la necesidad de brindar coherencia estructural al sistema procesal acusatorio vigente en el Código Procesal Penal Ley 5623 vigente desde 2011, necesario para cumplir con las normas de la Constitución Nacional, tratados internacionales que establecen la separación de las funciones de acusar y juzgar en órganos independientes (art.20 de la norma citada), única forma de asegurar la vigencia del debido proceso y respeto a los derechos humanos».
«Este esquema de funcionamiento ha mejorado objetivamente el servicio público de administración de Justicia en la provincia de Jujuy al haber incrementado exponencialmente las causas enviadas a juicio en el ejercicio de la acción penal pública, brindando respuesta a la sociedad y a los derechos de las víctimas para evitar la impunidad de los delitos en la provincia. De allí que, habiendo tomado conocimiento del proyecto de intervención federal del Poder Judicial y del Ministerio Público, los firmantes, fiscales de este Ministerio de la provincia de Jujuy, no advertimos ningún supuesto previsto» en la Constitución nacional «ni alteración ilegítima al orden institucional y jurídico de la provincial que motive la intervención aludida».