La Cámara del Crimen ordenó una audiencia para que genocidas de la última dictadura cívica-militar-eclesiástica-empresarial reclamen el beneficio de la prisión domiciliaria.
La audiencia se realizará el próximo jueves a las 10 de la mañana, al frente estará el juez Pablo Martín Yadarola, uno de los magistrados que estuvo de paseo en lago escondido.
En la misma, no podrán participar víctimas del terrorismo de Estado ni organismos de derechos humanos.
El proceso inédito busca que los pocos represores que aún están presos puedan salir de las cárceles y fue impulsado por diversas organizaciones que, en nombre de la «memoria completa», defienden a militares represores de la última dictadura condenados.
Justicia y Concordia es la organización que las encabeza y reúne abogados que se desempeñan como defensores en los procesos por crímenes de lesa humanidad. los letrados que motorizan la acción son Guillermo Fanego, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean.
En julio, legisladores de La Libertad Avanza se habían reunido con represores detenidos en el Penal de Ezeiza.
Para conseguir la audiencia, los defensores plantearon un hábeas corpus diciendo que se habían agravado las condiciones de detención de los detenidos por lesa humanidad porque, a su entender, no se cumple con la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores, que insta a buscar medidas alternativas a la prisión.
Las organizaciones lograron elegir a la justicia nacional ordinaria, que tiene competencia únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y no es competente en las causas de lesa humanidad.
Yadarola ya había fallado dos veces en contra de la presentación, primero rechazó el hábeas corpus y luego sostuvo que no tenía competencia material ni territorial.
Sin embargo, los camaristas revocaron el fallo del juez y le ordenaron convocar la audiencia.
La misma se realizará por Zoom, para que los represores puedan participar desde las unidades en las que están detenidos.
Las partes, en cambio, deberán intervenir de manera presencial. Están convocados el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, ambos organismos que dependen del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
Hay indicios de que el Poder Ejecutivo le dé la razón a los genocidas. La razón de ello estriba en que Bullrich habló del proceso de justicia como venganza e incluso llegó a decir que tiene detenidos mayores de 90 años con cáncer terminal. Los datos la desmienten.
