Al fin lo lograron, los genocidas de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial desplegaron su batería de lamentos y reclamos ante la justicia.
Se presentaron como víctimas del proceso de justicia. Denunciaron que reciben trato inhumano (el mismo que ofrecían ellos a sus víctimas), más al´´as de su edad y estado de salud y que las autoridades les niegan el acceso a la prisión domiciliaria o a la libertad condicional.
La audiencia duró cinco horas por orden de la Cámara del Crimen, un tribunal que no tiene competencia para juzgar los delitos de lesa humanidad por los que ellos están detenidos.
El juez Martín Yadarola les explicó que los represores podrían hablar, pero que no podrían hacerlo todos. Les indicó que debían elegir a un representante por pabellón. Eso provocó la reacción de los abogados de Justicia y Concordia, la organización que promovió el hábeas corpus en favor de los detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Las exposiciones fueron largas y tediosas, explicaron sus dolencias físicas, manifestaron sus reclamos por la ausencia de una ambulancia para sus traslados sanitarios. Dijeron que a ellos se los discrimina con respecto a los otros detenidos mayores de 70 años que sí tienen medidas alternativas a la prisión.
Data mata relato
La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) calculó que un 80 por ciento de los represores están detenidos en sus casas, lo que mostraría que la justicia federal no es reticente al otorgamiento de prisiones domiciliarias cuando corresponde.
En representación del Ministerio Público Fiscal estuvo el fiscal Marcelo Munilla Lacasa con representantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad.
Cada sector dijo lo que le cabía responder que los pedidos de domiciliaria o de excarcelación no eran cuestiones penitenciarias, ya que eso debe resolverlo cada juez.
Por Zoom también estuvieron representantes de los servicios penitenciarios de Córdoba y Mendoza, donde también hay detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Hubo cuatro abogados que tomaron la representación de los presos de lesa humanidad: Alberto Solanet, presidente de Justicia y Concordia, junto con Guillermo Fanego, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean. La defensa pública dijo que nada tenía por decir, dado que había una representación particular de los represores.
A la delegación de Justicia y Concordia se la vio salir satisfecha del despacho del magistrado. “Lo que más reconforta a los presos es que un juez los escuchó”, celebró uno de los abogados.
Un grupo de sobrevivientes de los campos de concentración y familiares de detenidos-desaparecidos pidió ser escuchado por el juez antes de tomar una decisión en el hábeas corpus. No asistieron a la audiencia, pero presentaron un escrito.
Explicaron que permanecer en el mismo sitio –sea digital o presencial– junto a sus carceleros, secuestradores y torturadores era una nueva forma de revictimización. Expusieron su absoluto rechazo al planteo de los genocidas represores de que sus condiciones de detención se agravaron y dijeron que la concesión de la libertad afectaría la sensación de justicia y reparación. Recordaron también que ninguno de ellos mostró arrepentimiento por sus crímenes.
Horas antes, seis fiscales que intervienen en las causas de lesa humanidad se presentaron en el expediente para decirle al juez Yadarola que no era competente y que ésta era una maniobra de Justicia y Concordia y de las otras organizaciones de “memoria completa” para sustraer la discusión de sus jueces naturales –que son los federales y no los de la justicia ordinaria.
La presentación de Miguel Palazzani, Alejandro Alagia, Marcelo García Berro, Adolfo Villatte, Félix Crous y Facundo Trotta exasperó a los integrantes de Justicia y Concordia, que despotricaron en sus redes sociales.
No fueron los únicos en plantear que la justicia ordinaria no es competente. También lo hicieron la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El magistrado tiene que analizar lo que sucedió en la audiencia y resolver si concede el recurso que plantearon los grupos afines a los represores. La resolución debería conocerse en los próximos días.
En dos oportunidades, el juez Yadarola rechazó los planteos. En su último fallo, afirmó que no tenía competencia territorial ni material para intervenir. Y, en dos oportunidades, la Cámara del Crimen salió en auxilio de la estrategia de los criminales de lesa humanidad. Todo ante el silencio de la fiscalía de Cámara –que no sostuvo la postura del fiscal del caso ni de la PCCH ni de los seis fiscales federales.