Por Irina Hauser, en Página/12. El exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, presentó un escrito «espontáneo» ante el juez Ernesto Kreplak donde se describe como una «víctima» en la reunión que se hizo en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017 donde él mismo planteó su deseo de tener «una Gestapo» para «terminar con los gremios» y en la que dio instrucciones a los empresarios para armar causas contra dirigentes sindicales.
El exfuncionario, que está imputado en el expediente, argumenta que la filmación encontrada en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dio origen a la investigación fue ilegal, que todo fue una operación de ese organismo y que no sabía que en el encuentro participarían agentes de inteligencia.
Es un planteo difícil de sostener teniendo en cuenta varias cuestiones: el gobierno bonaerense fue el que pidió el salón de la entidad para la reunión; los tres hombres de la AFI presentes eran los anfitriones del encuentro y Villegas tuvo un papel protagónico en la conversación. Encima, un mes antes el exministro estuvo en la Casa Rosada para ver a Mauricio Macri junto con el exdirector de la AFI, Gustavo Arribas.
Entre las medidas que dispuso este lunes el juzgado, una fue precisamente pedirle a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación que informe si concurrieron a la quinta de Olivos o la Casa Rosada la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y quienes estaban en la mesa del Banco Provincia en la reunión investigada. Eso incluye a Villegas y otros exfuncionarios (el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi), además de los empresarios de la construcción, el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan y los tres exdirectivos de la AFI (el exdirector de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano, el ex jefe de gabinete, Darío Biorci y el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra).
Lo mismo pidió la semana pasada respecto de los ingresos al edificio de la AFI, además de los entrecruzamientos de llamados de todos ellos. El período que toma en cuenta la pesquisa abarca desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 31 de diciembre de aquel mismo año.
Un guión en común con Vidal
El escrito de Villegas sigue la misma lógica de los argumentos que intentó usar Vidal públicamente: ella dijo que era una reunión de trabajo e institucional, que quienes deberían dar explicaciones son los agentes de la AFI y que la filmación es ilegal.
Es cantado que, como imputados, van a recurrir a ese argumento para intentar anular la prueba principal de una reunión donde hasta el periodista de La Nación Carlos Pagni escribió que lo que se ve y escucha «es, en principio, un delito»: funcionarios bonaerenses con un grupo de empresarios y tres agentes de la AFI que tejen «una persecución judicial sin la orden de un juez». Lo menciona, entre otras cosas, en repuesta a Horacio Rodríguez Larreta que dijo que no desplazaría a De Stéfano de su cargo en el director de Subterráneos de Buenos Aires, porque no ve que haya cometido ningún delito, sólo está «en una reunión».
Los ‘argumentos’ de Villegas
«Fui víctima de una maniobra que involucró a personal de la Agencia Federal de Inteligencia. Esa maniobra habría consistido en convocarme a una reunión la cual en forma clandestina fue grabada en audio y video, cuyos motivos desconozco, hallándose años después esa grabación en un disco rígido perteneciente a un equipo informático de la AFI. En consecuencia surge a las claras que fui víctima de algún tipo de operación de ese organismo, la cual no conozco, pero nunca supe que de la reunión a la que se me había convocado iban a participar agentes de inteligencia, quienes además nunca se presentaron ni identificaron», dice el texto que presentó en nombre de Villegas el abogado Marcelo Rochetti, exjefe de gabinete del exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.
Rochetti también fue mencionado la semana pasada en la trama de armado de causas por el comisario Hernán Casassa al declarar en la Bicameral de Inteligencia sobre la existencia de una mesa judicial en la provincia pero que participaba de una mesa judicial nacional, que era convocada por la AFI.
La intención de Villegas, como imputado, es dar vuelta la ecuación y decir que contra él se cometió un delito. Pero varios datos claves hacen tambalear su supuesto desconocimiento de lo que pasaría en la reunión:
- El primero es que el salón del séptimo piso de la sede porteña del Bapro fue gestionado para esta reunión en particular desde un despacho de la propia exgobernadora Vidal, entonces jefa política de Villegas. Ese lugar a veces era utilizado por la propia Vidal como oficina alternativa, cuando estaba en la Ciudad de Buenos Aires. En el encuentro de la «Gestapo» había tres hombres de su gabinete. Sería un tanto extraña la teoría de que a los empresarios de la construcción, por ejemplo, los convocó la AFI.
- Otra cuestión central es que Villegas se reunió algo más de un mes antes (el 4 de mayo de 2017) en la Casa Rosada con Arribas y con Macri, o eso se deduce del horario de presencia de todos ellos allí, que coincide (a las 9.50 de la mañana), además de dirigirse al despacho privado del expresidente. No es para nada habitual que un ministro con facultades limitadas como el titular de Trabajo provincial, se reúna con el Presidente de la Nación. Tampoco con el titular de la AFI. Por aquella misma época Macri lanzaba su ofensiva pública contra los gremios y los derechos de los trabajadores en general. Hablaba, por ejemplo, de una supuesta mafia de los juicios laborales.
- El video de la reunión muestra una dinámica muy clara donde tanto los agentes de la AFI, en particular Biorci y De Stéfano, tienen un papel central, al igual que Villegas. Los primeros actúan como anfitriones, incluso les piden a todos que se presenten. Pareciera que la mayoría sabe quiénes les están hablando. Villegas incluso va intercambiando apreciaciones con ellos cuando avanzan en las instrucciones a los empresarios para que denuncien a los sindicalistas y, en particular, se refieren al dirigente de la Uocra Juan Pablo «Pata» Medina.
Si hubo una filmación ilegal de la AFI, será una discusión aparte, aunque es posible que el juez en algún momento deba responder a reclamos de este tenor que intentan invalidar toda la causa. Habrá que ver si el carácter de funcionarios públicos de las personas que estaban allí, el armado de causas penales que planificaban y el correlato con hechos que fueron ocurriendo, como la detención de Juan Pablo «Pata» Medina bajo la modalidad que se pergeñaba allí, son consideradas elementos autónomos capaces de probar un delito.
Para doblar la apuesta, Villegas también dijo que cree que tiene el teléfono intervenido, y le pidió a Kreplak que tome medidas.
El papel de Conte Grand
El nombre del procurador bonaerense Julio Conte Grand sonó fuerte estos días porque fue mencionado por el comisario Casassa en la trama del armado de causas y porque la comisión Bicameral lo había citado para este martes.
Conte Grand presentó un escrito en el que dijo que tenía predisposición para colaborar, aunque quería declarar por escrito, pero la comisión le respondió que no y lo volvió a convocar para que asista en persona el 27 de enero.
«No resultan procedentes al caso las prerrogativas que la legislación procesal dispone para determinadas investiduras frente a un requerimiento jurisdiccional, al concederles la posibilidad de dar cuenta por escrito quedando exceptuados de la obligación de comparecer…», fue la respuesta firmada por Leopoldo Moreau –presidente de la Bicameral–, que también le recuerda a Conte Grand que «de continuar en esa postura, lesionaría inequívocamente instituciones fundamentales del sistema federal y republicano que las mismas provincias han decidido establecer».
En la Comisión recuerdan que la reticencia puede ser una nueva causal de juicio político.