Los profesionales de la salud que se desempeñan en el sistema público provincial hicieron pública su oposición al proyecto de cobrar las prestaciones a los extranjeros, y expresaron además sus reparos al Plan Estratégico de Salud anunciado por el gobierno provincial y que supuestamente se pone en marcha este 1° de marzo. Víctor Aramayo, secretario general de Apuap, dijo a El Submarino Radio (91.5) que la única información que recibieron fue de modo verbal, y denunció que hubo extorsiones para que los profesionales acepten los nuevos lineamientos.
«Este tipo de anuncios o proyectos solo son posibles en este momento político y con el tipo de gobierno que tenemos en la provincia y en la nación; de otra manera no se explica», analizó Aramayo, y advirtió que la iniciativa «remite a connotaciones xenófobas y racistas».
El dirigente de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) llamó la atención sobre la gravedad de este aspecto, tratándose Jujuy de «una provincia donde esta posición está bastante difundida en la población».
De todos modos, remarcó que estas posturas «se desmienten con las propias estadísticas», que reflejan que en años anteriores «el porcentaje de extranjeros atendidos en el Pablo Soria no ha superado el 1 por ciento».
En efecto, según información del Ministerio de Salud de la provincia, durante 2016 se registraron 47.147 egresos, de los cuales apenas 132 correspondieron a personas de algún otro país. Y los datos de años anteriores reflejan que la proporción es relativamente estable.
Aramayo se refirió también al Plan Estratégico de Salud puesto en marcha por el gobierno provincial a partir de este primer día de marzo. «Esto no es más que la punta del ovillo de lo que pretenden hacer de fondo, que es instalar la mal llamada Cobertura Universal de Salud (CUS), y digo ‘mal llamada’ porque no es una cobertura universal sino que es simplemente un sistema de seguro para un determinado grupo de habitantes: los que no tienen obra social».
La principal objeción al plan tiene que ver, precisamente, con el tipo de prestación que recibirá ese sector: «A la gente se le va a exigir que muestren que no tienen obra social, lo que equivale a sacar un carnet de pobre, y le van a ofrecer una medicina pobre, un paquete de servicios con límites, y fuera de ese paquete el paciente va a tener que pagar de su bolsillo».
«Por ejemplo, si se fractura un hueso va y le hacen una radiografía; pero si necesita una segunda o una tercera, para control, la va a tener que pagar», describió Aramayo, y agregó: «De esta manera, el ciudadano que habita en la República Argentina y en Jujuy va a pagar por cuarta vez la atención de su salud, porque la primera vez la paga con el IVA, la segunda cuando hace aporte a la obra social en el trabajo, la tercera con lo que pone de su bolsillo, porque el coseguro no cubre el 100 por ciento, y esta sería una nueva vuelta de tuerca, otro mecanismo para sacarle palta».
Detalló además que «los fondos para sostener el sistema van a salir de las obras sociales del trabajadores» y que «la plata que se piensa usar para esta CUS sale de la deuda que tiene el gobierno nacional con las obras sociales de los sindicatos, que es de 29 mil millones».
Siguiendo con las cuentas, puso el acento en que «con 8 mil millones pretenden dar cobertura a 17 millones de personas, lo significa que van a aportar 40 pesos por persona por año para la cobertura de salud», y se preguntó «qué cobertura de calidad mínima se puede dar a una persona con eso, que apenas alcanza para una tira de aspirinas».
«Tenemos que hablar primero de lo central y con fundamentos, y después hablemos de los flecos, si el horario de los médicos, si este atiende más o atiende menos. Hablemos de lo central, de lo que se quiere hacer en salud pública», continuó.
Para Aramayo, la única manera de tener un mejor sistema de salud es, en primer lugar, que se constituya el programa de atención que se quiere dar a la población, y en segundo lugar, que se garantice un mayor aporte de dinero para respaldar ese programa.
«Si se quiere tener un sistema de salud al alcance de la gente con una cobertura oportuna, científica, igualitaria y de buena calidad, hay que poner plata, no hay que andar buscando atajos ni pretendiendo ir a cobrarles al reducido grupo de ciudadanos extranjeros que en algún momento se atienden en el sistema público de la provincia o del país», concluyó.
Los profesionales de la salud están esperando que el Ministerio los notifique por escrito de los cambios que traerá la implementación del Plan Estratégico, ya que solo recibieron información por la vía verbal. «Para poder tener una posición más definida sobre este supuesto plan estratégico de salud, ncesitamos información clara, precisa y detallada por escrito, para que cada uno sepa a qué atenerse y cuáles van a ser las modificaciones en las condiciones de trabajo, en el servicio y en el lugar donde se presta, en los horarios, etc.», reclamó
Por ahora, como nada de esto está por escrito, en la última asamblea se decidió por unanimidad enviar una nota al ministro pidiéndole que remita por escrito y detalladamente los alcances del plan.
Aramayo planteó una denuncia grave: «Es preocupante lo que está ocurriendo, porque no solo se da todo de manera verbal, sino que incluso ha llegado a trascender que de no aceptar las nuevas modalidades los profesionales médicos y de otras disciplinas tendrían que renunciar al cargo donde están trabajando, y que si renuncian a sus cargos les va a quedar bloqueada la posibilidad de trabajar con el PAMU y el Instituto de Seguros, que son las dos obras sociales más grandes de la provincia».
-Eso parece una extorsión…
-Sí, se puede traducir de esa manera. Es inadmisible. No nos olvidemos de que hay gente que está hace 25, 30 años, y ha organizado su vida en función del cargo que tiene. No se puede cambiar abruptamente.
-¿Qué opina de la implementación de los médicos itinerantes?
-Eso es un fleco de lo que es el poncho. Acá lo que hay que discutir es lo central, el plan general. Se bate el parche y se hace mucho marketing con que van a ir unos cirujanos a San Pedro y van a atender allí, pero está comprobado estadísticamente que solo el 5 por ciento de la población, o menos, requiere alguna internación en un hospital en algún momento del año, y que menos del 1% de esas personas necesitan una cirugía. Se está batiendo el parche con uan posible solución para menos del 1% de la población. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el pediatra que atiende en Abra Pampa, en Santa Clara, en Libertador, o los generalistas que hacen lo que pueden para contener la demanda? De eso tenemos que hablar.