El Tribunal Oral Federal de Jujuy escuchó a dos de los imputados, acusados de privación ilegítima de la libertad, asesinato, torturas y otros delitos. Ciro Goyechea y Armando Ruiz reconocieron que prestaron servicios en el organismo de seguridad local, pero buscaron despegarse de los hechos que se investigan.
En su intervención, Goyechea sostuvo que entre fines de 1976 y principios de 1977 fue destinado a cumplir funciones en Centro de Operaciones Policiales, como jefe de Radio Patrulla, en las instalaciones de ex central de policía. Si bien admitió que en la institución existían «dos áreas restringidas» –sector donde se alojaban a los expresos políticos–, aseguró que en ningún momento tuvo contacto con ellos, y nombró al comisario Ernesto Jaig, ya fallecido, como uno de los jefes, además del mayor Donato Arenas.
Por su parte, Ruiz recordó que antes del golpe de Estado fue designado como escribiente en el Área 323, sector que se concebía como el área asignada para operaciones de inteligencia. Ratificó que su jefe era el ex teniente (RE) Rafael Mariano Braga, también imputado en esta causa, y describió que su trabajo era “reproducir, usando las máquinas de escribir, algunos documentos que llegaban en forma de borradores”.
Sostuvo que también se encargaba de realizar las planillas en las que «figuraban los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional», a lo que agregó que llegaban sobres cerrados los cuales eran “estrictamente confidenciales y que para ser abiertos tenían que llegar al destinatario, que por lo general eran los jefes”.