Una vez más y como viene sucediendo en el mes de octubre, los trabajadores que están agrupados en la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) salieron a la calle a marcha por la falta de respuesta a sus demandas
En la marcha de hoy, reclamaron:
✔️ por un presupuesto con soberanía, trabajo, producción y justicia.
✔️reapertura de paritarias. aumento salarial, igual a la inflación.
✔️pase al escalafón profesional de las y los colegas enfermeros/as, instrumentadores/as quirúrgicos y trabajadores/as sociales.
Tras la concentraron en la explanada del Hospital Pablo Soria, marcharon por calles céntricas, donde se sumó la columna de CTA Autónoma y confluyeron finalmente en Casa de Gobierno, donde había organizaciones sociales que exigen al gobierno provincial asistencia para los comedores y merenderos y poner fin a la criminalización de la protesta social.
Nicolás Fernández, secretario general del gremio afirmó que “hasta ahora no tenemos respuesta concreta ni hay materialización de los compromisos que asumió el gobierno. Esperamos que se avance en el encuentro de la semana que viene que tendremos con los ministros”.
Por su parte, la CTA-Autónoma, demandó derechos laborales, salarios dignos, derecho a la tierra y un presupuesto nacional y provincial donde se priorice las necesidades de los trabajadores y no de las grandes multinacionales.
También exigen no negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y rechazar su injerencia en la política doméstica; recuperación de la soberanía nacional sobre puertos y vías navegables, impuesto permanente a las grandes fortunas y acceso a la vivienda digna.
Participaron miembros de las comunidades de los pueblos originarios, que solicitan la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, que fue sancionada a fines del año 2006 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades a lo largo del territorio nacional, una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios.
La norma suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
