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Los profesionales de la administración pública provincial realizaron este viernes un paro por 24 horas, con asistencia y retiro de los lugares de trabajo, en reclamo de la apertura de paritarias. En lo que va del año, los salarios del sector ya perdieron 10 puntos respecto de la inflación.
El secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), Nicolás Fernández, explicó que el gobierno se había comprometido a convocarlos en el curso de la semana que termina hoy para volver a reunirse en paritarias, pero eso no se concretó.
El sindicalista remarcó que, en materia de incumplimientos, ese no es el único. Mencionó además la cuestión del blanqueo de los módulos por desempeño, «que era algo que el ejecutivo se había comprometido a realizar el año pasado; pero hasta ahora, nada».
El módulo por desempeño se implementó en 2017 -«fue una conquista gremial», aclaró Fernández-, y desde entonces los profesionales están esperando que el gobierno cumpla con el compromiso de incorporarlo al salario, porque sigue estando en negro, sin aportar a la jubilación ni al aguinaldo.
La jornada provincial de protesta incluyó un abrazo simbólico al Hospital Pablo Soria y contó con la participación de referentes de distintos puntos de la provincia. Sobre el mediodía, se apostaron en la peatonal Belgrano para informar a la comunidad sobre las razones de la medida de fuerza.
«Tenemos en los cuatro primeros meses del año 23,1 por ciento de inflación, con una imposición salarial de solamente el 14 por ciento. Por lo tanto, ya estamos entre un 9 y un 10 por ciento por debajo de la inflación», precisó.
En este contexto, el reclamo de la reapertura de paritarias es el más urgente de una lista que viene planteándose desde hace tiempo. Como por ejemplo el pase a planta permanente, algo que el Gobierno provincial anuncia de tanto en tanto sin llegar a todos los sectores que lo demandan.
«Estamos esperando que se concrete -dijo Fernández-, porque ha habido muchos anuncios al respecto y poca materialización. En cada discurso en la Legislatura, el Gobernador anunció pases a planta permanente pero no se concretó ninguno o se concretaron muy pocos».
En esta línea, el sindicalista expresó: «El Ejecutivo tiene que hablar un poco menos y hacer un poco más. El marketing no alcanza para cubrir las necesidades de los trabajadores y del pueblo jujeño, que día a día ve cómo su economía se resiente porque los estatales no perciben salarios dignos».
«Si hay algo que dinamiza la economía jujeña, es el salario estatal -puntualizó-. Por más que se haga marketing con el cambio de la matriz productiva de la provincia, lamentablemente ese cambio no es tal. Seguimos siendo una provincia que depende del azúcar, del tabaco y del salario estatal. Y cuando los salarios estatales están a la baja, por debajo de la línea de pobreza, como hoy, eso se resiente en la economía, en los comercios, en el transporte, en todos lados».
Otro de los reclamos del sector está referido a los traslados que los profesionales deben costearse de manera personal, lo que en algunos casos puede llegar a sumar hasta 25 mil pesos por mes.
«Hay colegas que gastan entre un 20 y un 30 por ciento de su salario para poder garantizar el traslado, cuando creemos que podría pasar como en muchas otras provincias, que se reconozca el traslado de los profesionales de la salud, y como sucede también en ámbitos como educación y seguridad», indicó Fernández.
El sindicalista consideró que, si bien el gobernador Gerardo Morales tiene derecho a «apetencias personales», en relación a sus aspiraciones a integrar una fórmula presidencial el año que viene, «tendría que estar preocupado por la situación en la provincia».
En este sentido, indicó: «Continuamos siendo una provincia sumida en la pobreza, en la dependencia y el desempleo», y reveló que Jujuy está en el lugar 22 por el nivel salarial de los profesionales. «Solamente Santiago del Estero y Formosa pagan peores salarios que Jujuy», señaló.
En números, detalló que el salario de ingreso de un trabajador profesional ronda hoy los 70 mil pesos, frente a un costo de la canasta básica total de casi 100 mil pesos. «Esto significa que ese profesional está más cerca de caer en la indigencia que de salir de la pobreza».
Por otro lado, Fernández llamó la atención sobre la crisis de recurso humano profesional, que viene de larga data en Jujuy pero que se ha profundizado en los últimos seis años, sobre todo «a partir de la implementación del mal llamado Plan Estratégico de Salud, que lo único que ha hecho es avanzar como nunca en el desmantelamiento, vaciamiento, desarticulación y desregulación del sistema público de salud», afirmó.
