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La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados siguió ayer con el proceso a los jueces de la Corte Suprema, en una jornada en la que compareció el hasta ahora reticente extitular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Aldo Tonón.
También el Frente de Todos pidió una ampliación de causales al incorporar el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán.
La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard se reunió por casi ocho horas, en las que también recibió los testimonios de Sebastián Clérici, a cargo de la Secretaría Jurídica General del máximo tribunal de manera transitoria, y de Laura Ambrosio, afiliada a la obra social.
Al iniciarse la reunión, Gaillard aclaró que el encuentro comenzó «pasada la media hora, con un tercio de los presentes», y que estaba «a reglamento, por tratarse de una reunión informativa», ante un planteo sobre la falta de quórum que expuso el diputado de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López.
Tras esa aclaración, los diputados de la oposición ingresaron a la reunión, donde continuaron con el análisis de las denuncias de los afiliados y funcionarios de la obra social judicial (Ospjn).
Inmediatamente después, informó en el encuentro a los diputados sobre el ingreso del pedido de ampliación del juicio político presentado por diputados del Frente de Todos, a partir del fallo de la Corte que suspendió las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán, cuya admisibilidad será votada más adelante.
En el pedido de ampliación del juicio político, los diputados del FDT sostuvieron que «lo extremadamente peligroso para nuestras instituciones, y para nuestro sistema republicano y federal, es la manipulación política de las herramientas y tiempos procesales de los que hizo uso y abuso la Corte Suprema».
La presentación del proyecto de resolución se formalizó en las últimas horas, tras el anuncio formulado la semana pasada por cadena nacional por el presidente Alberto Fernández después de las medidas cautelares del alto tribunal para suspender las elecciones en esas provincias.
A través del proyecto, se solicitó la ampliación del objeto del juicio político que se tramita contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda «por haber incurrido, mediante hechos nuevos, en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional».
El pedido de ampliación lleva la firma de los diputados nacionales del FdT Germán Martínez, Eduardo Valdés, Nilda Carrizo, José Luis Gioja, Ricardo Herrera, Graciela Caselles, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Juan Manuel Pedrini.
Como respuesta a esa presentación, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) planteó que se incorpore al tratamiento de ese cuerpo el pedido de juicio político presentado por el bloque de la UCR a fines de 2022 contra el presidente Alberto Fernández, en relación al fallo de la Corte Suprema sobre el tema de la coparticipación federal.
En cuanto a los testimonios, Tonón finalmente declaró como testigo ante la comisión, luego de ser notificado por el juez federal Ariel Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo, aunque evitó dar mayores precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social al señalar que se «amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse», debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados.
La comisión lo había citado en tres oportunidades para exponer sobre las denuncias de irregularidades en esa obra social, pero el exfuncionario recién asistió ayer luego de ser notificado por Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo.
El juez emitió la orden, ya que el magistrado lo investiga en una causa por ese tema y Tonón había argumentado que por esa razón no podía asistir.
Al inicio de su exposición, y ante una consulta del diputado Rodolfo Tailhade sobre los motivos de su alejamiento de sus funciones, Tonón dijo que «la decisión de mi renuncia al directorio de la Ospjn obedeció a que ya no quería continuar trabajando. Llevo 50 años en la profesión y 35 años en la gestión y me sentía agotado».
Cuando se le requirió un análisis de su gestión, Tonón dijo que «me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional porque me puedo autoincriminar».
El extitular de la obra social fue acompañado por el abogado Mauricio D’Alessandro -precandidato radical a intendente de San Martín-, pero el letrado no pudo participar ni sentarse al lado del testigo, ya que de acuerdo al reglamento de la comisión solo puede declarar la persona citada.
En ese aspecto hubo en la reunión un momento tenso cuando Gaillard le dijo a D’Alessandro que «si usted quiere hablar lo tengo que hacer retirar de la sala».
En su declaración, Tonón dijo no obstante que «la obra social es una institución que tiene autonomía de gestión, por lo tanto, los ministros (de la Corte) estaban informados de cómo funcionaba, qué se estaba haciendo, pero no tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura».
«La situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud», admitió el ex titular de la misma ante otra consulta del bloque oficialista.
Hasta que se conoció que asistiría Tonón -pasadas las 13,30-, expuso Clérici, quien afirmó que la obra social «es una dependencia de la Corte, donde el directorio está dotado de amplia autonomía para resolver y ejecutar». Y dijo «no tener conocimiento» de la situación en torno a las vacancias en la obra social, ante una consulta de la diputada del FDT Vanesa Siley.
«El criterio por el cual solo tomamos intervención desde mi área es el principio general de la licitación pública para todos los casos; puede haber razones de urgencias o de único proveedor que lleven a otro tipo de contrataciones», agregó.
Luego lo hizo Ambrosio, quien declaró: «Los problemas con la Ospjn comenzaron cuando a mi marido le diagnosticaron cáncer y no le autorizaron las órdenes que le había indicado el médico de manera urgente. Frente a esto tuvimos que recurrir a un amparo».
«Si yo no llamaba, pedía, reclamaba y amenazaba con ir de vuelta por la vía judicial, las cosas no aparecían. En la internación domiciliaria nunca brindaron respuesta porque decían que no se cubría», enfatizó.
En cuanto a la continuidad del trabajo de la comisión, los diputados descartaron la posibilidad de reunirse la próxima semana y agendaron un próximo encuentro -a confirmar- para el martes 30, cuando se realizaría la última jornada de testimonios sobre el expediente referido a la obra social.
Luego se realizarán al menos cuatro audiencias más sobre el tema de la coparticipación federal y otras cuatro sobre las resoluciones de la Corte en lo referido a la composición del Consejo de la Magistratura.
Además, se proyectan una o dos reuniones con la asistencia de testigos que quedaron remanentes de las cuestiones abordadas hasta hoy, incluida la de la obra social de judiciales.
