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«Apenas diez días después de llegar a la Casa Rosada, el gobierno nacional presentó por primera vez su proyecto de supuesta ‘modernización laboral’. Detrás de ese nombre se esconde una regresión de un siglo en materia de derechos laborales, conquistas que fueron fruto de décadas de lucha de las trabajadoras y los trabajadores junto a sus organizaciones sindicales. Ese plan regresivo – que el gobierno logró aplicar parcialmente mediante la Ley Bases – es el que ahora pretende profundizar. Si lo aprueban, la vida de quienes trabajamos, tengamos un trabajo registrado o no, será muchísimo más difícil y estará más desprotegida», remarcan.
En esa línea, con respecto al capítulo de la actividad periodística de la Reforma Laboral, señalan: «para quienes trabajamos en la actividad periodística, este gobierno impulsa un ataque directo: de la noche a la mañana, sin mediar debate alguno, busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo», destacan.
«Además, el proyecto del gobierno deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los gravámenes a las señales audiovisuales con la que se sostienen los medios públicos, medios comunitarios y micropymes – agregan – De este modo, con una misma norma el gobierno beneficia doblemente a las grandes empresas de medios: le quita derechos a quienes trabajan en sus compañías y las exime de impuestos que fueron pensados para posibilitar un arco de voces plural y democrático en la información. Paradójicamente, esas grandes empresas de medios son voceras de estas normas que flexibilizan aún más el trabajo periodístico pero se niegan sistemáticamente a discutir una modernización laboral en cada paritaria, cuando desde el sindicato promovemos regular la inteligencia artificial, el teletrabajo, las nuevas funciones. En pocas palabras, encontraron en este proyecto un negocio redondo».
@lauradaltofotografia
Asimismo, remarcan: «todo se agrava al ser una iniciativa con la que avanzan de facto. En los últimos dos años, ni el gobierno ni las empresas de medios pusieron en debate el Estatuto del Periodista, su vigencia o anacronismo. Tampoco promovieron ninguna discusión al respecto. Nuestra suerte está ligada a la del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina, a quienes este gobierno nacional nos convirtió en enemigos declarados. No existe otra explicación para la licuación de salarios y jubilaciones iniciada desde el primer día de gestión, con una devaluación que significó una transferencia brutal de recursos desde quienes trabajamos hacia los dueños de las empresas más grandes del país».
Y anuncian, en este contexto: «más que nunca, vamos a fortalecer junto a las organizaciones y centrales sindicales la defensa de nuestro derecho a tener derechos laborales. Lo haremos ante el Congreso, ante el Poder Judicial y en las calles. Convocamos a nuestros compañeros y nuestras compañeras a participar, afiliarse y poner freno a la contrarreforma laboral».
«La eliminación de los mecanismos de financiamiento cultural ya no es un rumor ni una hipótesis técnica: es una decisión de gobierno plasmada en un proyecto de ley»
En tanto, en un comunicado titulado «Un país que no se escucha: el otro ajuste» firmado por su presidente, Juan Salvador Delú, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) considera que la Reforma Laboral es «una medida fulmina el fomento a la cultura y la comunicación» y «un golpe de gracia a expresiones y herramientas que garantizan la democracia».
«Entre reformas previsibles, el texto incorpora —en el Artículo 196, casi como un trámite administrativo— la derogación del Título V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y del inciso a) del artículo 136. La ubicación no es ingenua: si se lo lee rápido, pasa desapercibido. Pero ahí se juega una parte esencial de un país federal. Ese Título V es un mecanismo que sostiene la arquitectura financiera del fomento a la producción cultural y a la pluralidad de voces. El gravamen que allí se establece no es un simple impuesto, sino un modo de redistribuir recursos dentro de un ecosistema profundamente desigual. Permite que junto a los grandes grupos existan radios, televisoras, productoras audiovisuales y proyectos culturales a bajo costo. Eliminarlo no corrige una distorsión: desarma el sistema que equilibra fuerzas», sentencian.
En la misma línea, agregan desde el foro: «la Corte Suprema lo dejó claro en 2013: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye un modelo integral para evitar la concentración y promover diversidad informativa. Su constitucionalidad no descansa en un tecnicismo, sino en la defensa de una idea elemental: sin condiciones materiales para producir y circular contenidos, la libertad de expresión se vuelve un gesto apenas formal. Con la derogación del Título V, los organismos que fomentan la producción cultural y comunicacional perderán la mayor parte de su financiamiento específico, aquel que garantizaba previsibilidad y autonomía frente al vaivén presupuestario. El audiovisual, el teatro, la música, los medios públicos y los comunitarios quedan sin el sostén económico que hace posible sostener producciones, abrir salas, transmitir contenidos y desarrollar proyectos culturales en todo el país. La cultura, cuando pierde recursos, pierde territorio».
Y destacan: «el proyecto incluso suma un golpe adicional: el Artículo 195 deroga las fuentes históricas de financiamiento del cine previstas en la Ley 17.741. Antes de eliminar el sistema actual, desarma también el que sostuvo durante décadas la producción cinematográfica nacional. Y resulta difícil hablar de un nuevo modelo de financiamiento cuando ni siquiera se han saldado las deudas millonarias ya recaudadas para el fomento vigente: fondos destinados a medios y proyectos comunitarios que la propia ley todavía protege, pero que no han sido pagados. La eliminación de los mecanismos de financiamiento cultural ya no es un rumor ni una hipótesis técnica: es una decisión de gobierno plasmada en un proyecto de ley. Y su impacto excede lo económico: redefine quiénes podrán estar presentes en el espacio público».
«La libertad de publicar sin censura previa no alcanza si solo pueden sostener medios las corporaciones o quienes inyectan capitales provenientes de otros negocios. La libertad real necesita condiciones de existencia. Y sin políticas que equilibren un mercado concentrado, la palabra pública se vuelve desigual. Por eso importa discutir esto con una claridad que no admita eufemismos. No está en juego un tributo ni un trámite: está en juego quiénes podrán narrar el país en los próximos años. Un país que deja de escucharse pierde algo más que diversidad cultural. Ese es el riesgo», finaliza Farco.
