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En un acto pensado desde el oficialismo, varios actores políticos del Poder Ejecutivo el Legislativo e incluso concejales, unieron sus voces y salieron a criticar el paro de 96 horas que inicia hoy la Intersindical de Trabajadores Estatales.
Luego de conocerse la modalidad de la protesta, salieron a copar la parada el ministro de Hacienda, Ricardo Pierazzoli, el secretario general de la Gobernación, Oscar Insausti, el diputado provincial (PJ) Daniel Almirón y el concejal capitalino (PJ) Facundo Figueroa Caballero, todos llamando a la Intersindical «a la reflexión» y a «respetar el derecho a trabajar”.
También pusieron el acento en lo que definen como «la coacción que ejercen algunos sindicatos que no permiten a los empleados públicos el ingreso a sus lugares de trabajo». Almirón la consideró como “excesiva” y calificó como «desmedido» el paro por cuadro días que se inicia mañana.
Por su parte, el concejal Figueroa Caballero repudió la huelga y cuestionó que “no se puede estar vulnerando el derecho que tiene el ciudadano” y denunció que en muchas dependencias de la administración pública provincial y municipal se ha quebrantado “las leyes en vigencia, ya que en algunos casos en forma compulsiva se sacó a la gente del trabajo y en otros se ha impedido el ingreso” de los agentes que concurrían a prestar servicio.
En tanto, el ministro de Hacienda de la Provincia, Ricardo Pierazzoli, consideró “desproporcionadas” las medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios estatales ya que durante el mes de agosto el pedido de elevar el piso salarial fue atendido por los funcionarios llevándolo a “$ 5.000”; siendo Jujuy “una de las pocas provincias cuyos empleados públicos tienen un piso de este valor”, el cual aumentó un 51 por ciento, teniendo en cuenta que en diciembre del 2013, “el salario mínimo nacional era de 3.300 pesos”.
En declaraciones televisivas, el secretario general de la gobernación, Oscar Insausti afirmó que “los dirigentes sindicales y los afiliados a los gremios de la Intersindical tienen que ejercer sus derechos a reclamar en forma pacífica, como así también el resto de los trabajadores que quieren prestar servicios o porque de lo contrario este tipo de medidas terminan afectando a terceros que nada tienen que ver con la protesta”.
Finalmente, el funcionario aseguró que la metodología de protesta que impide “el acceso a la educación, salud, o cualquier otro tipo de trámite que no se puede realizar por los cortes de puentes y rutas, en definitiva es una violación a los derechos constitucionales esenciales que tiene la democracia”.
