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El presidente francés, Emmanuel Macron, promulgó en las últimas horas una nueva ley de migración tras el veto impuesto por el Consejo Constitucional, el órgano que garantiza que las normativas sean conformes con la Constitución, a una versión anterior con medidas más duras incluidas por la derecha en el Parlamento.
El texto, cuyos 35 artículos fueron total o parcialmente modificados, fue aprobado ayer y publicado hoy en el Diario Oficial, informó la agencia de noticias AFP.
El Consejo Constitucional había censurado varias disposiciones de la ley incluidas por insistencia de la derecha para, entre otras cosas, restringir el acceso a los beneficios sociales y endurecer criterios para la reagrupación familiar.
El texto final, sin embargo, mantiene la estructura inicialmente buscada por el Gobierno, con un amplio apartado sobre la simplificación de los procedimientos de expulsión de extranjeros que hayan delinquido, uno de los objetivos del ministro del Interior, Gerald Darmanin.
Un artículo sobre la regularización de los trabajadores indocumentados en profesiones con poco personal, que fue el centro del debate en los últimos meses, se mantiene en el texto validado por el Consejo.
Quedan fuera de la ley la creación del delito de estancia irregular, el endurecimiento para el acceso a las prestaciones sociales y el establecimiento de cuotas migratorias anuales.
También se quitaron los artículos que hacían referencia a la restricción del reagrupamiento familiar y la imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros como garantía de su futura salida del país.
El partido de los Republicanos, de derecha, denunció un «atraco democrático» y un «golpe de Estado de derecho» por parte del tribunal.
Laurent Wauquiez, posible candidato de los Republicanos a las presidenciales de 2027, propuso al Parlamento que el órgano legislativo sea el que tenga «la última palabra».
Jordan Bardella, presidente del partido Agrupación Nacional, de extrema derecha, calificó el fallo como un «golpe de los jueces con el respaldo del Presidente».
Pidió un referendo sobre el tema migratorio como la «única solución».
Por su parte, el presidente del Senado, Gerard Larcher, de los Republicanos, exhortó al Gobierno a «volver a presentar un texto conforme al acuerdo» entre fuerzas legislativas.
Pero el ministro del Interior, Darmanin, se adelantó y aseguró que el Gobierno «no presentará un proyecto de ley» sobre el tema.
A su vez, el diputado de izquierda radical Manuel Bompard, pidió retirar la ley, al considerar que «el texto validado por el Consejo Constitucional corresponde al texto rechazado por el Parlamento», por lo cual no tiene «ninguna legitimidad».
