Venezuela será uno de los países garantes del diálogo del Gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida del país, a partir de un pedido en tal sentido que el presidente Gustavo Petro le hizo a su par Nicolás Maduro, y que el mandatario bolivariano aceptó “por la paz de todo el continente”.
Medios bogotanos informaron este martes que era intención de Petro pedirle a Caracas que participara de las negociaciones, y la duda estaba en si esa solicitud ya se había hecho o estaba por hacerse, pero el mismo Maduro despejó las dudas.
“Recibimos una carta proponiendo que Venezuela acepte el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz del Gobierno con la guerrilla del ELN, y yo le dije a Petro y a Colombia que una vez más, como lo hizo (Hugo) Chávez en su tiempo para garantizar los acuerdos de paz que luego se firmaron, una vez más decimos que Venezuela acepta; pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios padre todo poderoso por la paz total de Colombia”, reveló Maduro.
El presidente venezolano, que habló en Valencia, en un acto de Gobierno, dijo que su país llevará a esas gestiones “la voz de todo el pueblo de Venezuela y de los 6.200.000 colombianos que viven en Venezuela”.
“Venezuela apuesta por la paz, por la seguridad, por la estabilidad de Colombia; la paz de Colombia es la paz de Venezuela, de Sudamérica, de todo el continente; empeñaremos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo”, remarcó Maduro, según el video del acto que el presidente publicó en su cuenta de la red Twitter.
Venezuela ya fue garante de un proceso de paz en el 2016, cuando acompañó la primera fase de las conversaciones con el ELN en Quito, junto a Noruega y Cuba, aunque esa etapa después quedó en la nada. Se había firmado entonces que el retorno de la delegación del ELN se haría a través de territorio venezolano.
Aún desde antes de su asunción, Petro hizo público que buscaría conversar con el ELN y hace semanas envió al Congreso un plan que llamó de «paz total» para iniciar negociaciones con varios grupos ilegales.
El ELN se mostró dispuesto a discutir un proyecto para dejar las armas, aunque mostró algunas diferencias con el proceso que encararon hace años las FARC y que terminaron con el acuerdo de 2016, por el que esa guerrilla se convirtió en un partido político legal, con bancas en el Congreso.
El ELN necesita «hechos y no sólo palabras», señaló hace días el jefe negociador de la insurgencia, Pablo Beltrán, que consideró que debe lograrse un «cese bilateral» de las hostilidades y una «implementación simultánea» de lo que se acuerde.
Pero también marcó sus dudas, «extraídas de la realidad», respecto de un eventual desarme: «La FARC entregó las armas y comenzaron a matarlos».
A mediados de agosto quedó establecido que La Habana volvería a ser sede de las conversaciones, y los cancilleres de Colombia, Álvaro Leyva, y de Cuba, Bruno Rodríguez, hicieron el acto formal de comienzo de los encuentros exploratorios.
Desde la asunción de Petro, el 7 de agosto, Bogotá y Caracas iniciaron un firme proceso de acercamientos: designaron embajadores, reunieron a comisiones técnicas y acaban de anunciar la reapertura de las fronteras.
Los organismos de inteligencia colombianos suelen advertir de la presencia en territorio venezolano de centenares de miembros del ELN.
Para favorecer las negociaciones, Petro suspendió por tres meses, en principio, las órdenes de captura de los principales jefes de los grupos armados que decidieran someterse a un proceso de paz.
Surgido en 1964, casi en simultáneo con la fundación de las disueltas FARC, el ELN aceptó negociar con el gobierno del premio Nobel de Paz, el exgobernante (2010-2018) Juan Manuel Santos, primero en Quito y luego en Cuba, sede del acuerdo que condujo en 2017 al desarme de la entonces guerrilla de las FARC, actualmente retornada a la vida civil y política.
Sin embargo, el gobierno del conservador Iván Duque interrumpió las conversaciones en 2019 tras el ataque con coche bomba contra una escuela de cadetes de la policía en Bogotá, que dejó 22 muertos, además del agresor.
Después, Duque reclamó a La Habana, sin éxito, que entregara a los delegados insurgentes para procesarlos por terrorismo, lo que deterioró las relaciones entre ambos países.