«Abro una consulta pública, en un diálogo verdaderamente nacional, para que el pueblo en todas sus organizaciones de derechos humanos (…) me haga llegar su opinión de qué debe hacer el jefe de Estado con la ley criminal de amnistía que pretenden imponer como un golpe de Estado», dijo el mandatario durante un congreso de las filas chavistas.
Maduro ya ha dejado claro su posición contraria a la ley que podría dejar a varios de sus más férreos opositores en libertad, entre ellos Leopoldo López, condenado por la violencia y los daños.
El mandatario calificó a Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, como «la ley criminal» y norma «vergonzante y aberrante», porque pretende liberar a los condenados por instigar las protestas de febrero de 2014, donde murieron 43 personas, entre ellos el líder del partido Voluntad Popular, López.
Además, Maduro cuestionó el alcance de la consulta pública que realizaron los opositores sobre la elaboración de esas norma, en la que, aseguró Maduro, no fueron incluidas las familias de las víctimas de esas manifestaciones.
Desde la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que tras ganar los comicios legislativos maneja la Asamblea Nacional, defienden el contenido de la norma asegurando que esta no contempla el delito de homicidio, por lo que los responsables de aquellas muertes no estaría beneficiados.
Aunque Maduro no podría por si solo poner fin a la iniciativa legislativa, ya que según la Constitución venezolana podría ser aprobada por el Parlamento si el mandatario y la Cámara no llegarán a un acuerdo, el jefe de Estado aún puede remitir el instrumento al Tribunal Supremo de Justicia, alegando que es inconstitucional.
El primer mandatario ya ha adelantado el juicio sobre la ley, y hoy aseguró que esta no solo «viola» la Constitución del país sino que además contraviene con «acuerdos internacionales» sobre los derechos humanos.