Tras las explosivas declaraciones del presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázzari, quien cuestionó la judicialización de la política mediante “causas armadas” con espías y falsos arrepentidos con fines persecutorios, otras voces del mundo judicial se sumaron a las críticas por las operaciones y presiones del gobierno de Cambiemos en la Justicia.
En este caso, el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de La Plata, Víctor Violini, respaldó al máximo representante del poder judicial bonaerense y sostuvo de manera contundente: “Nunca vi cosas como las actuales en 25 años dentro de la Justicia. La situación es deplorable. No queremos que la Justicia de la provincia de Buenos Aires se convierta en otro Comodoro Py”.
En declaraciones al portal Letra P, Violini manifestó que “las palabras de Lázzari no responden a una interna política como publicaron algunos medios mal intencionados” y señaló que “este poder judicial, tal como está, no es independiente. Por eso acompañamos a de Lázzari en esta pelea”.
En ese sentido, el magistrado platense recordó el caso del Juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien denunció que fue “apretado” por agentes del Servicio de Inteligencia para que avance en la detención del dirigente de Camioneros, Pablo Moyano.
Hace pocos días, De Lázzari denunció el armado de causas judiciales por parte de un aparato de inteligencia paraestatal que actúa en las sombras y con métodos contrarios al Estado de derecho. “Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas, y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”, fue la descripción detallada del magistrado.
Ex procurador general bonaerense y ministro de la Corte desde 1997, de la mano del entonces gobernador Eduardo Duhalde, De Lázzari expuso la semana pasada en las Jornadas de la Red de Jueces Penales de la provincia, en la ciudad de Campana. Enumeró allí ante sus pares una serie de situaciones irregulares que remiten inmediatamente a la investigación que instruye el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre el armado de causas por parte de una red de agentes de inteligencia, fiscales, jueces y operadores de prensa. Sus declaraciones se conocieron ayer.
Advirtió también que lejos de ser propiedad exclusiva del un sector de la Justicia de Comodoro Py, las irregularidades también se replican en los pagos de la gobernadora María Eugenia Vidal: señaló que lo que denomina “el abuso del proceso judicial penal”, que “empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal, ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.
El magistrado repudió el abuso de pedidos de juicios políticos contra sus pares por “el desagrado o la disconformidad” con los fallos, advirtió que el poder judicial “no puede depender de los dictados que se hagan desde otros poderes políticos” y destacó que “la única herramienta que tenemos para combatir todo eso es el derecho”.
La presencia de espías en juzgados bonaerenses para obtener fallos al servicio del poder político remite al caso de Luis Carzoglio, el magistrado que en agosto del año pasado recibió la visita de dos miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascuale, altos funcionarios de la AFI, le confiaron que lo visitaban “porque el presidente de la Nación estaba interesado en la detención de (el dirigente camionero Pablo) Moyano”, de la que el juez no había recibido ni siquiera un pedido del fiscal, y le hicieron llegar un borrador del escrito para ordenarla. Luego, el titular de la AFI dijo en la Comisión Bicameral de Control de Actividades de Inteligencia que la visita había sido “para prevenir paros y disturbios”, versión que Carzoglio refutó de inmediato.
Otros de los puntos que abordó críticamente De Lázzari fue el del “crecimiento exponencial” de pedidos de juries contra magistrados. “Frente al desagrado o la disconformidad con una decisión judicial, inmediatamente se recurre a la denuncia contra el magistrado y estamos tramitando procesos de enjuiciamiento en los que son absolutamente cuestiones de tipo jurisdiccional, inclusive confirmadas por los tribunales superiores”, dijo. En esos casos se debe seguir “todo un proceso en el cual hay que convocar a todo un tribunal, hay que hacer un sorteo de legisladores y de conjueces abogados, hay que hacer audiencias, reuniones, para finalmente desestimarlo, pero con un desgaste y con una incertidumbre que genera para el magistrado que realmente es injusta y que realmente no debiera ser de esa manera”, advirtió.
El más notorio de los procesos de destitución que impulsó el gobierno bonaerense fue contra el entonces juez contencioso administrativo Luis Federico Arias, protagonista de varios pronunciamientos que disgustaron a Vidal, y que terminó con su remoción en agosto del año pasado.
“La única herramienta que tenemos para combatir todo eso es el derecho”, continuó su exposición De Lázzari. “Con la ley en la mano tenemos que salir al cruce de esos… que por suerte no son generalizados pero que realmente significan amenazas, y el derecho ejercido con firmeza, con valentía, con independencia”, reclamó. “El punto es que el Poder Judicial debe tener el rol de poder del Estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde poderes políticos. Si ponemos el hombro en ese menester creo que podremos salir al cruce de ese panorama sombrío”, concluyó el juez que desde abril pasado preside la Corte bonaerense.
Con Página/12