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Cada 10 de junio, la República Argentina conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, una fecha establecida por ley en 1973 para ratificar el reclamo soberano sobre los territorios australes.
La elección de este día recuerda el 10 de junio de 1829, momento en que el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata dispuso la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, designando a Luis Vernet al frente de la estructura administrativa. Aquella medida formalizó el ejercicio de la soberanía heredada de la Corona española y cortada de manera abrupta pocos años después.
La disputa territorial formal con el Reino Unido comenzó el 3 de enero de 1833, cuando las fuerzas británicas desembarcaron en el archipiélago, procedieron a la expulsión de las autoridades rioplatenses y de la población local, e implantaron una administración colonial que persiste hasta el presente.
El punto de mayor quiebre en la historia de este diferendo ocurrió el 2 de abril de 1982 con el desembarco de las tropas argentinas, lo que dio inicio a la Guerra de Malvinas. El conflicto bélico se extendió por más de dos meses y costó la vida de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles. Tras la finalización de los combates, el archipiélago retornó al control de Londres.
En el escenario internacional, el posicionamiento de ambos Estados se mantiene distante. El reclamo de la Argentina se sustenta firmemente en bases geográficas, históricas y jurídicas, respaldadas además por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Asimismo, el país promueve de forma constante la vuelta a las mesas de diálogo bilateral de acuerdo a los mandatos internacionales.
Por su parte, el gobierno británico insiste en validar la autodeterminación de los isleños como argumento central para conservar la posesión y el control efectivo de las islas.
El andamiaje diplomático argentino cuenta con un hito clave previo a la guerra: la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965. Mediante ese documento, la ONU reconoció formalmente que existe una situación colonial y una disputa de soberanía que debe resolverse mediante negociaciones pacíficas entre las dos naciones involucradas.
A más de cuatro décadas de las acciones bélicas de 1982, la denominada Cuestión Malvinas se sostiene como una política de Estado prioritaria e irrenunciable para la diplomacia nacional, ratificando el compromiso de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía exclusivamente a través de los canales pacíficos y el derecho internacional.
