Durante el lanzamiento provincial del «Pacto Social por la Educación», en Infinito por Descubrir, militantes de la Organización para la Liberación Argentina, se manifestaron en contra del mismo y expresaron con pancartas, sus críticas la situación que tiene la educación en Jujuy, y la mala gestión que lleva adelante la Ministra del área, Isolda Calsina, avalada por el gobernador, Gerardo Morales.
El «Pacto Social por la Educación» impulsado desde el Gobierno de la Nación tuvo hoy su lanzamiento en la Ciudad Cultural de la capital jujeña, siendo Gerardo Morales el primer gobernador del país que comienza con un supuesto debate del que debieran participar diferentes sectores de la comunidad, padres, docentes, alumnos ONgs, estudiantes y docentes de profesorados, terciarios y universitarios, gremios, centros de estudiantes, entre otros, buscando que, de existir un pacto social posible por la educación, contemple la totalidad de las problemáticas que afectan a los jujeños, a nuestros hijos y también a sus maestros y profesores.
“Que el gobierno de Gerardo Morales encabece el mencionado «pacto social por la educación» que promueve el gobierno nacional no es una sorpresa, ya que para plasmar las políticas más reaccionarias del gobierno de Macri ha sido Morales en nuestro Jujuy el más entusiasta liberal, el más decidido en acelerar el cambio que propone y va materializando Cambiemos”.
La Organización para la Liberación Argentina finalmente aseguró que “la política educativa del gobierno macrista en Jujuy, es la muestra más clara de lo que representan, la anulación sistemática de derechos que permiten y garantizan la gratuidad y calidad de la enseñanza en la educación pública, los sueldos adeudados desde principio de año a los docentes, la no actualización de sus salarios, la intervención de gremios y persecución a sus dirigentes, como así también la irrupción en sindicatos y la represión de asambleas docentes, el impedimento a la normalización de las elecciones de centros de estudiantes y la persecución a los directivos de colegios que velan por este derecho, el cierre encubierto de carreras, la anulación de títulos terciarios, la flexibilización de los trabajadores y trabajadoras en diversas ramas dependientes del Ministerio de Educación de la provincia, el cambio arbitrario y sin consulta de los programas de estudio y títulos de las carreras terciarias y profesorados afectando la formación de profesionales y la calidad de todo el proceso educativo en todos los niveles”.