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Familiares de Maximiliano Tolaba, una de las víctimas de la causa que se lleva adelante contra Alejandro “Pilo” Mansilla y otras 5 personas por los delitos de secuestro extorsivo, torturas y violación, marcharon este lunes, desde el Parque San Martín hasta la Fiscalía Federal Nº 1, primero, y luego al Juzgado Federal para reclamar avances en el proceso que ya lleva 4 meses sin ningún detenido. Abogados y familiares fueron recibidos por el Fiscal Pablo Pelazzo primero y luego por el Juez Wenceslao Cardozo.
Los abogados querellantes ingresaron junto con familiares de la víctima Maximiliano Tolaba que se encuentra fuera de la provincia “por las amenazas constantes que recibimos”, según señaló su madre Roxana Tolaba. “Mi hijo fue secuestrado en el barrio Cuyaya. Después lo llevaron a distintos lugares con otros 2 chicos que fueron golpeados, violados y torturados por Alejandro David Mansilla, alias Pilo. Ya van a ser 4 meses que está la causa y no hay avances. Cuando fue mi hijo a hacer la denuncia a la Brigada, el oficial Cayo no le hizo las pericias médicas, el fiscal tampoco se hizo cargo”, aseguró.
El abogado querellante, César Singh, explicó: “Cuando interviene la justicia provincial, la Fiscalía de Investigaciones Penales de la Provincia Nº 3 a cargo de Carlos Farfán, se excusó declarándose incompetente. Sin embargo, dentro de las 24 horas debería haber ordenado las actuaciones preliminares y no lo hizo. Pasaron las actuaciones al juzgado federal y todavía no se ha solicitado la detención. Sin embargo, a algunos familiares que hicieron pintadas la semana pasada reclamando justicia los han detenido inmediatamente y estuvieron más de 12 horas en la seccional primera. Lo que está pidiendo la familia es que se agilicen los trámites y se proceda a la detención de las personas porque hay elementos más que suficientes y contundentes para trabajar en la causa”.
Tras la reunión que mantuvieron con Pelazzo, Singh señaló que el fiscal “tuvo la buena predisposición de atendernos. Hemos solicitado la detención de las personas que efectuaron este acto delictivo que es una causa que tiene pena privativa de la libertad de 10 a 25 años y todavía están libres. Algunos de los familiares no se han presentado porque tienen temor porque los están vigilando y no los dejaban venir. La fiscalía que acaba de asumir está trabajando correctamente. No nos dieron un plazo, pero esperamos que sea prontamente”.
