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Con la mira puesta en el año electoral, el gobierno dispuso que áreas de la cartera de Hacienda relacionadas con la administración de la obra pública queden bajo el control del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
A su vez el Ministerio del Interior, que dirige Rogelio Frigerio, pasará a encargarse de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), que antes estaba a cargo de la Secretaría de Ambiente.
La medida se realizó por medio del Decreto 1117/18 fechado del 7 de diciembre. Viene a modificar la Ley de Ministerios para “efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas y tornar más eficiente la gestión”, según el argumento oficial.
La modificación faculta a Peña para “entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los proyectos de inversión pública y en el control de la formulación, registro, seguimiento y evaluación de esos proyectos cuando sean ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los términos de la Ley N° 27.328”.
También podrá “expedirse, de forma previa a la adjudicación, sobre la existencia de previsión presupuestaria para afrontar los compromisos asumidos bajo los contratos de participación público-privada que comprometan recursos del presupuesto público de ejercicios futuros previstos en el artículo 15 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias”.
El jefe de Gabinete también podrá “entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de obras públicas y de consultorías”.
El texto agrega como nueva función de Peña, la atribución de “entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de obras públicas en el ámbito del Ministerio”.
Y aclara que el Poder Ejecutivo: “podrá disponer la órbita en la cual la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO funcionará en los términos previstos en la Ley Nº 26.168 y sus modificatorias”.
Un año difícil para la actividad
La crisis financiera que derivó en el pedido de ayuda al FMI asestó un golpe durísimo a la obra pública, que hasta comienzos de este año era uno de los pocos brotes verdes de la economía de Cambiemos.
En el marco del ajuste que sobrevino tras el acuerdo con el organismo internacional el gobierno optó por recortar las partidas para obras, lo que anticipa que la actividad se prepara para meses de recesión con el consecuente impacto en el empleo.
Además, los números de la economía en general desalientan las inversiones privadas que son la contraparte necesaria de los llamados proyectos de Participación Público Privada, lo que acaba por definir un cuadro complejo para el mediano plazo.
El conjunto supone un desafío para un gobierno que necesita que la actividad se recupere y juegue su carta en los comicios en los que Mauricio Macri intentará revalidar su cargo en 2019.
De hecho, lo más destacado del decreto 1117/18 es la asunción del control de los PPP por parte del ministro coordinador. Esa facultad era de Hacienda, que ahora tendrá una función limitada.
