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Un total de 2.131 candidatos que buscarán cargos regionales o municipales en los comicios de octubre en Perú fueron condenados por la Justicia por diversos delitos, que incluyen narcotráfico y terrorismo, según datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El presidente del JNE, Francisco Távara, admitió que «desafortunadamente» no hay ningún impedimento legal para que una persona que ya purgó su condena pueda ser candidato.
Además de las 2.131 personas que fueron condenadas, hay cientos de candidatos sobre los que existen sospechas de que no llevan una vida transparente, según medios periodísticos locales. Los mayores temores se centran en la denunciada intención del narcotráfico de aumentar sus cuotas de poder político.
Por lo menos 13 de los postulantes estuvieron en la cárcel por tráfico de drogas. Entre ellos, figuran Mauro Gómez, que aspira a ser alcalde de la provincia de Vilcashuamán; y Miguel Díaz, Justiniano Vilca, Nerio Oré y Fermín Sánchez, que se postulan para intendentes de distritos.
Asimismo, Balentín Cacha Espíritu, Manuel Campos Huamán y Martín Peñaloza Ope están entre quienes desean ocupar cargos públicos después de estar en prisión por terrorismo.
Más de 14.000 candidatos se inscribieron para los comicios, en los que se elegirán presidentes y asambleístas de 25 regiones y alcaldes y concejales de casi 200 provincias y más de 1.600 distritos.
Los temores sobre la presencia de personas de dudosa reputación se potenciaron la semana pasada, cuando las autoridades descubrieron 400 kilos de cocaína en la camioneta del hasta entonces candidato a alcalde de la provincia de Barranca por el partido derechista Fuerza Popular, Alberto Tapia.
Desde diversos sectores se llamó a los partidos y los movimientos regionales, provinciales y distritales para que depuren listas, pero entre los expertos hay un temor extendido por la clase de personas que puedan llegar a cargos públicos por la vía del voto.
En la nómina de postulantes figuran asimismo numerosas personas que han sido condenadas o que son investigadas o procesadas por delitos o presuntos delitos cometidos como autoridades.
La estatal agencia Andina publicó hoy un detalle que muestra que 218 candidatos tienen condenas aún vigentes, 47 de ellos por obligaciones alimentarias.
El informe detalla que «es alta la incidencia de candidatos condenados por peculado (27), falsificación de documentos (14), fabricación, tenencia y suministro de materiales peligrosos (11), así como usurpación agravada (9), hurto agravado (7), lesiones (6), estafa genérica (5), falsedad ideológica (5) y homicidio culposo (5)».
Hay también cuatro candidatos sentenciados por tráfico ilícito de drogas, tres por apropiación ilícita común y dos por terrorismo, así como dos por violación sexual, uno por violación de la intimidad personal o familiar, y otro por violación de menor de 14 años, entre otros delitos.
