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El Gobierno nacional oficializó el cese de actividades del organismo encargado de las obras de urbanización en barrios populares de todo el país. En Jujuy, la medida afecta directamente a más de 20.000 familias y paraliza inversiones por más de 6.500 millones de pesos. Referentes locales convocan a una rueda de prensa en Plaza Belgrano.
La decisión del Ejecutivo Nacional de avanzar con el «vaciamiento definitivo» de la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana (SSISU) ha encendido las alarmas. Marcelo Cabero, delegado local de la Mesa Nacional de los Barrios Populares, denunció que esta medida deja «en pampa y la vía» a miles de jujeños que esperaban la finalización de obras básicas como cloacas, red de agua y electricidad.
«Los fondos para las obras estaban, pero el Gobierno nacional los ‘manoteó’ para el Ministerio de Economía, seguramente para pagar deuda», afirmó Cabero en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
El cierre no solo implica el fin de las obras, sino que pone en riesgo la Ley 27.453, que protege a los habitantes de estos barrios contra los desalojos.
El dirigente social recordó que la ley de barrios populares fue votada por el cien por ciento de los representantes del Congreso. «En ese momento no existían los libertarios, pero gente del PRO, de la Unión Cívica Radical, del partido que busquen, ha votado de manera afirmativa para que se hagan obras en estos barrios. Y ahora quieren borrar todo de un plumazo», afirmó.
«Esta ley también protegía a los habitantes de estos barrios en contra de los desalojos -señaló Cabero-. O sea que la mayor preocupación nuestra es que 20.000 familias jujeñas, estamos hablando de más de 100.000 personas, tranquilamente pueden sufrir desalojos. O sea que no es sólo económico el impacto, sino social.»
El impacto en números
La situación en la provincia es crítica. Según los datos relevados por la Mesa Nacional, el recorte impacta de la siguiente manera:
- Obras paralizadas: 14 proyectos de gran envergadura que tenían avances de entre el 15% y el 85%.
- Inversión perdida: Se estima que más de $6.200 millones dejarán de circular en la economía local (corralones, transporte y mano de obra).
- Programa Mi Pieza: 316 obras quedaron sin terminar y 13 que estaban por iniciar fueron canceladas.
- Puestos de trabajo: Cerca de 700 familias vinculadas a cooperativas de trabajo pierden su sustento diario.
«Es increíble que en pleno siglo 21, en San Salvador de Jujuy, haya gente que todavía tiene que hacer sus necesidades en bolsas porque no tienen un baño ni pozo ciego. Esta política pública estaba destinada a cambiar eso», lamentó Cabero.
El rol de la provincia
Si bien el conflicto se origina en las decisiones de la Casa Rosada, desde la Mesa de Barrios Populares instan al Gobierno provincial a involucrarse.
«Esperamos que el Gobierno provincial no abandone a los barrios y que por lo menos ayude a terminar las obras, mínimamente -señaló Cabero-. La provincia tiene que tomar cartas en el asunto y ver cómo ayudar, porque en definitiva son jujeños todos los que viven en estas condiciones».
En este sentido, dio el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que desde su propia Secretaría de Integración Social Urbana sostiene la continuidad de las obras en los barrios populares.
Por otro lado, desde la Mesa de Barrios Populares sostienen que las provincias y municipios deberían debatir con los propios vecinos cómo resolver la problemática.
«Hay posibilidades de hacer obras mixtas con los vecinos, porque muchas veces los vecinos están dispuestos. Si no tienen unos manguitos, por lo menos a poner fuerza de trabajo para mejorar su barrio. Entonces hay cosas que sí se pueden hacer. Hace falta voluntad política», afirmó Cabero.
Convocatoria en Plaza Belgrano
En el marco de una jornada nacional que busca visibilizar el tema, la Mesa de Barrios Populares de Jujuy convoca a una rueda de prensa este martes 24 a las 11.30 en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy.
La invitación es abierta a toda la comunidad, bajo la premisa de que el déficit habitacional afecta a trabajadores estatales y privados por igual. «No es solo un problema de los asentamientos, es un conflicto social que nos toca a todos», concluyó el referente.
