Presidieron el encuentro la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, el secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, y la directora de Bosques de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Julieta Bono, entre otros funcionarios.
Expusieron referentes y miembros del sector académico y científico, representantes de las comunidades indígenas, del sector campesino, del ámbito de la producción, del espacio gremial y de movimientos ambientalistas.
“Hemos escuchado con atención y bastante expectativa los aportes y las críticas de los diversos sectores. Vamos a hacer una reunión de evaluación técnica y política para considerarlos y tratar de tomar las mejores decisiones, pensando siempre en gestionar entre la diversidad de intereses que existen en la provincia”, evaluó la titular de Ambiente al término de la audiencia.
Zigarán se refirió a la pluralidad de puntos de vista que coexisten en Jujuy a partir de la diversidad cultural. “Como Estado tenemos la responsabilidad de gestionar en esa diversidad -abundó- de administrar las tensiones y de garantizar el equilibrio entre las posturas de los diversos sectores”.
Finalmente dijo que “tenemos el desafío de compatibilizar los esfuerzos de conservación con los esfuerzos para que se haga un manejo y un uso sustentable de los bosques, que ayude a las comunidades a salir de una situación de postergación y que de alguna manera sea el inicio de un proceso que garantice lo que muchas de las comunidades han denominado: el buen vivir”.
Algunas voces
María José Castillo, de la organización Tierra Fértil y miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Palma Sola, sostuvo que “nuestro territorio es uno de los lugares donde más masa boscosa hay en la provincia, y es una zona frágil desde el punto de vista ecológico, es el último remanente de bosque chaqueño, de transición de yungas a chaco, que necesita especial atención; y que en nuestras comunidades no se haya hecho ningún proceso de consulta para la actual propuesta ya es un vicio que notamos y lo expusimos”.
A su turno, Jesús Alberto Maita, de la Comunidad Guaraní Tataiyipi de Vinalito, departamento de Santa Bárbara, se manifestó a favor del nuevo ordenamiento que, según dijo, “nos encamina a un buen vivir para todas las comunidades indígenas”. Para finalmente concluir que “estamos presentes para expresar lo adquirido en todo el proceso y plantear nuestra realidad, y esperamos seguir teniendo la respuesta que estamos teniendo con este gobierno, ya que en la gestión pasada no lo tuvimos, había descontrol, tala ilegal de madera, se denunciaba y no había respuesta por parte de las autoridades, no se sabía a dónde recurrir por el avasallamiento”.