Según refleja el informe presentado por el Proyecto Mirar en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, durante 2025 y frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de insumos, fueron las politicas territoriales y provinciales las que sostuvieron el acceso al aborto en la Argentina.
Desde 2021, Proyecto Mirar monitorea la implementación de la Ley 27.610 en Argentina. Estos informes son desarrollados de manera anual por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health, y se basan en las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública de los programas de salud sexual y reproductiva de las 24 provincias y de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (SSR).
En su último informe, se ofrecen y analizan los datos relacionados con la atención de la SSR durante el año pasado:
- En 2025 se realizaron 87.603 abortos en 20 provincias en el sector público.
- La tasa de aborto por mujer se mantiene.
- En el sector público hay 1.846 efectores que garantizan IVE ILE.
- La mayoría de los abortos se realizan con medicamentos.
- Frente a la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar la compra de insumos para los servicios de aborto, 13 provincias sostuvieron el acceso con presupuesto propio.
La gestión de los insumos
El informe, titulado “Reporte anual 2025: el reto de sostener el aborto legal en Argentina”, revela que entre 2023 y 2026 el presupuesto del Programa de Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación se redujo 57%.
Se trata de un programa implementado en 2002 con una alta intervención social, porque alcanzaba principalmente a quienes usaban los servicios públicos y, en particular, los centros de atención primaria. Esta presencia fundamental se quebró desde la asunción del gobierno de Javier Milei, por la reducción del financiamiento de las políticas de género, lo que afectó -entre otras-, a las compras de insumos destinados a atender la salud sexual y reproductiva.
Frente a la discontinuidad en la compra de insumos para servicios de aborto por parte del Ministerio de Salud de la Nación, 13 provincias realizaron compras de insumos para el aborto seguro con presupuesto propio: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Según explicó Mariana Romero, una de las autoras del monitoreo “que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”.
La médica epidemióloga e investigadora del CEDES y CONICET agregó que “frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”
Por otro lado, el gobierno nacional también redujo la compra de anticonceptivos: de más de 1,2 millones de personas cubiertas en 2024 se pasó a apenas 63 mil en 2026, una disminución del 93%. De acuerdo al del Proyecto Mirar, el impacto de esta reducción no debe evaluarse solo en términos de protección anticonceptiva, y destaca que según estimaciones realizadas, cada peso invertido en anticoncepción en la Argentina genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica.
La situación en Jujuy
La provincia de Jujuy muestra indicadores destacados en el mapa nacional de implementación de la política sanitaria y de autonomía profesional:
- Durante 2025, se asistieron 1973 interrupciones del embarazo (IVE/ILE).
- La provincia cuenta con 45 efectores de salud públicos que garantizan la realización de IVE/ILE de acuerdo a la ley vigente. Esto representa una tasa de 20 efectores por cada 100.000 mujeres en edad fértil, ubicando a la provincia en el tercer cuartil con mejor cobertura del país.
- Jujuy se ubica entre las 11 jurisdicciones del país que reportan que el 90% o más de las intervenciones se realizan dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
- Ampliación del rol de las obstétricas: Al igual que las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis y Buenos Aires, Jujuy actualizó su vademécum obstétrico para habilitar a las licenciadas en Obstetricia a prescribir medicamentos para la interrupción del embarazo (misoprostol y mifepristona).
El informe aclara que los datos correspondientes a Jujuy fueron obtenidos a través de pedidos de acceso a la información pública que se presentaron ante la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR), y no a través del Ministerio de Salud de la provincia.
El avance de las críticas
Según el análisis que ofrece el informe, el dato más significativo de los últimos doce meses para las políticas de salud sexual y reproductiva es que la crítica al aborto volvió a la agenda del gobierno nacional. «Una agenda ecléctica va ganando lugar, amenazando políticas públicas y derechos vinculados al género, con particular énfasis en la educación sexual integral, la natalidad y las ‘falsas’ denuncias por violencia de género», advierte en texto.
Las autoras recuerdan que en su presentación en el Council of Americas en Buenos Aires en agosto, el presidente Javier Milei volvió a criticar con expresiones escabrosas al aborto legal y una vez más responsabilizó a las interrupciones de embarazos de la caída de la natalidad.
Semanas antes, el gobierno argentino había ratificado su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia que establece que la vida humana debe ser protegida “desde su concepción”.
Los números del reporte muestran otra realidad:
- El número de interrupciones voluntarias y legales (IVE ILE) realizadas en el sector público, en 20 provincias, fue de 87.603, lo que muestra que no hubo cambios significativos respecto a lo observado para las mismas jurisdicciones en 2024.
- Tampoco hubo aumento en la tasa de aborto, que es la que surge de la cantidad de abortos por 1000 mujeres de 15-49 años. Esta tasa se mantiene prácticamente igual a la registrada en 2023: 7,45 en 2025 frente a 7,49 en 2023.
Además, el informe señala que «el sostenido apoyo de la mayoría de la sociedad a la interrupción voluntaria y legal del embarazo se mantiene, como sugieren los estudios de opinión pública realizados en 2025 y 2026».
Descenso de natalidad y fecundidad
El reporte muestra que Argentina registró una caída del 69% en la fecundidad de niñas de 10 a 14 años y del 70% en la franja de 15 a 19 años en la última década. Este dato permite analizar posibles variables alternativas a los dichos del presidente para explicar por qué cayeron las tasas de natalidad en el país.
Por otro lado, en el informe se reflexiona en torno a las transformaciones culturales y de la vida social que convirtieron la maternidad y la paternidad en una opción personal.
También expresa que “el acceso a la anticoncepción y la interrupción del embarazo, junto con restricciones derivadas de la incertidumbre económica y la escasez de políticas de corresponsabilidad para el cuidado, son parte de los elementos que explican este fenómeno demográfico y social.”
“El reto de sostener el aborto legal en Argentina”
El reporte anual mapea la situación del acceso al aborto en el país durante 2025 y parte de 2026. Fue desarrollado de manera anual por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health.
Las autoras son Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora asociada del CEDES; Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular del CEDES; Mariana Romero, médica epidemióloga, directora ejecutiva del CEDES e investigadora de dicha organización y CONICET; Sonia Ariza Navarrete, abogada e investigadora adjunta del CEDES; Celeste Benetti Catarineu, psicóloga e investigadora visitante del CEDES y Daniela Guberman, geógrafa e investigadora del IIGEO-UBA.
Desde 2022 los reportes anuales del Proyecto Mirar se basan en las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública de los programas de salud sexual y reproductiva de las 24 provincias, y de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR). Estos pedidos se amparan en la Ley 27.275 que promueve la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
La información e indicadores que se solicitan se complementan con otras fuentes públicas como las estimaciones realizadas a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022 o las estadísticas vitales.
En esta ocasión, se recibieron respuestas de 16 jurisdicciones con cobertura heterogénea de los datos, pero que reflejan la voluntad política de esas provincias de rendición de cuentas a la sociedad civil. También se recibió respuesta de la DNSSyR que reporta datos parciales de algunas provincias.
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