Al respecto, queremos señalar que la Constitución de ningún modo autoriza a echar mano a la represión para resolver conflictos sociales o sindicales, tal como Jenefes pretende proponerle a la sociedad. La experiencia del terrorismo de estado nos enseñó que el uso de la fuerza para dirimir estas cuestiones ha llevado a la Argentina y a toda la humanidad a sus peores tragedias.
Por el contrario, los derechos de los trabajadores, se encuentran consagrados por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y por múltiples tratados internacionales. Y los mecanismos para dirimir los conflictos que se plantean desde las organizaciones sindicales se encuentran legislados por la ley y la Constitución, y las autoridades deben someterse a ellos.
Estas manifestaciones del vicegobernador exponen una vez más las profundas deficiencias en la política de derechos humanos del estado provincial, en donde todavía existen muchos funcionarios que se desempeñaron durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y que instauró el terrorismo de estado en nuestro país. Entre ellos el propio hermano del vicegobernador, hoy juez del Superior Tribunal de Justicia.
Las expresiones que hoy repudiamos, dichas en el contexto de un acto de la fuerza policial, deben leerse como un peligrosísimo precedente, en particular teniendo en cuenta las numerosas denuncias que vienen realizando los organismos de DD.HH. ante autoridades provinciales y nacionales, con respecto a los hechos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren muchos ciudadanos de Jujuy a manos de la policía de la provincia de Jujuy.
Es decir, que no se trata de un hecho aislado, sino que estas expresiones vienen a sumarse al dispositivo de justificación que, por acción u omisión, avala desde el poder político las prácticas represivas de la policía jujeña hacia los sectores populares.
Es por ello que una vez más instamos a las autoridades del gobierno provincial en su conjunto al tratamiento de las problemáticas sociales, de las demandas de los trabajadores y de los grupos más vulnerables de la sociedad con el sentido amplio de justicia que impone el sistema constitucional argentino, superador de las respuestas represivas y punitivas propias de un estado autoritario, y adoptando prácticas respetuosas de la plena vigencia de los derechos humanos.