Foto: F.A.

Masiva movilización en rechazo a la reforma constitucional de Jujuy 

Mientras se siguen concretando las sesiones de la convención constituyente para reformar parcialmente la Carta Magna provincial, se realizó este jueves una multitudinaria marcha en San Salvador de Jujuy para expresar el rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Gerardo Morales. También hubo movilización en la Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas encabezaron la movilización, de la que también participaron ciudadanos y ciudadanas independientes. El principal punto de crítica es la criminalización de la protesta y la limitación de derechos, en el marco de una reforma que, denuncian, se está llevando adelante «de espaldas al pueblo».

Algunas de las organizaciones que participaron son UTEP, MTR, Polo Obrero, PTS, FIT, CCC, MTL, MST, Partido Obrero, FOL, Docentes Autoconvocados, SEOM, Cedems y Uatre Ledesma, entre muchas otras.

«Con los derechos no te metas, si hay reforma qué quilombo se va a armar», entonaron las columnas que recorrieron el centro de San Salvador de Jujuy, en medio de un fuerte operativo policial que incluyó el vallado de las calles circundantes a la Legislatura y la Casa de Gobierno.

«Está marchando un porcentaje amplísimo de los actores sociales, producto de esta reforma, definida entre gallos y medianoche y discutida de espaldas a la población», definió en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Sebastián Fernández, referente del FOL Jujuy.

El dirigente remarcó que «los mismos constituyentes no saben qué texto tratar, no saben cuáles son los textos base, e incluso a algunos les impiden hablar», en referencia a los episodios ocurridos en las últimas jornadas durante las reuniones de las comisiones, donde el oficialismo les negó la palabra y participación a convencionales del FIT.

Para Fernández, un proyecto de reforma constitucional «debe hacerse integrando y no vallando».

En particular, se refirió a las modificaciones de la Carta Magna que implicarían «menos derecho a la tierra para los pueblos originarios, para las comunidades campesinas, para los vecinos y vecinas». En este sentido, planteó que actualmente «el artículo referido a tierras fiscales garantiza que si hay un uso previo productivo, tiene preferencia quien las está ocupando».

De modificarse esto, advirtió, «las comunidades de los Perilagos, por ejemplo, que ya están siendo expulsadas, no tendrían ninguna garantía constitucional para continuar con su actividad». Y agregó. «Lo mismo pasa con los pueblos originarios y los barrios populares».

Respecto de la amplia participación en la marcha, donde se vio a ciudadanos y ciudadanas de a pie, no encolumnadas en ninguna organización, Fernández analizó: «Mucha gente votó como en una elección más, sin saber las verdaderas intenciones de esta reforma. Pero a medida que va leyendo y va dándose cuenta del impacto que esto tiene, las filas de estas protestas se irán nutriendo más, porque afecta a toda la población a futuro».

«La protesta social se vuelve necesaria porque la situación socioeconómica está cada vez peor -señaló-, entonces la gente ensaya formas de salir. Y ve que si no protesta, no come. Acá estamos protestando por el derecho a la vida, que está por encima del derecho a tránsito y cualquier otro derecho».

En la misma línea, afirmó: «En estos años, este gobierno no ha hecho años absolutamente nada para solucionarlo. Entonces somos el resultado de la ineptitud del gobierno para resolver los problemas de la gente».

Por su parte, el concejal capitalino del FIT Gastón Remy, quien es además convencional constituyente, destacó que la movilización viene a «decirle No a una reforma que, si bien es presentada como algo bueno para el pueblo de Jujuy, en realidad hay gato encerrado y viene a quitar derechos».

En este sentido, mencionó en particular la restricción al derecho al voto. «Ya es público, incluso convencionales lo han hecho conocer dentro de las comisiones y en los medios, que quieren quitar el derecho a votar cada dos años a los representantes del pueblo, que son los legisladores, con el argumento de que así los poderes ejecutivos pueden tener más estabilidad», indicó.

«Es decir que no piensan en el derecho de la población, que la está pasando mal y que muchas veces a través de las elecciones se manifiesta, sino que piensan en los poderes ejecutivos, en los gobiernos, que son los responsables de que se violen derechos como a la vivienda, al salario digno, a tener acceso al empleo con derechos», agregó.

Para Remy, se trata de una reforma «pensada para darle más poder al gobernador y tener más controlada la calle».

«No estamos viviendo momentos de bonanza para la mayoría de los trabajadores, no así para los grandes empresarios que remarcan el azúcar, que se roban el litio -analizó-. En ese marco es que piensan este esquema para salir mejor parados ellos ante una conflictividad social que no hay forma de que no crezca en los próximos años. Esto no se define en meses, sino que es un proyecto pensado para asegurar el poder de unos pocos para imponerle al pueblo más ajuste».

En otro orden, Remy remarcó el reclamo a las centrales sindicales, en particular la CGT y la CTA, para que llamen a un paro general «porque es la única forma de que la clase trabajadora se ponga a la altura de frenar un ataque tan reaccionario como el que quiere hacer Morales y sus socios peronistas».

«Las centrales sindicales brillan por su ausencia, pero quiero destacar que hoy están aquí presentes algunos gremios como el SEOM, el Cedems, Uatre Ledesma. Hay sectores de trabajadores que a través de sus gremios están presentes y esto es importante porque ahí está la fuerza que puede frenar esto», señaló.

Para Remy, «hay que hacer caer la reforma con la movilización en las calles». Y advirtió: «Los gobiernos tienen que garantizar que se cumplan los derechos de la Constitución. Si no los garantizan y nadie de los otros poderes dice nada, y si el pueblo que reclama termina siendo el delincuente, entonces se va a un régimen cada vez más totalitario».

En Buenos Aires

En tanto, se realizó esta mañana una marcha en Buenos Aires contra proyectos «antidemocráticos» en Jujuy y Salta. Desde el Obelisco, se dirigieron a las casas provinciales en repudio a a la ley antipiquetes dictada por la legislatura salteña y a la reforma constitucional impulsada por el gobernador jujeño.

Ayer la cámara de Diputados de Salta aprobó una «ley antipiquetes», que todavía debe ser aprobada por el Senado provincial, donde se establece que para realizar un reclamo en la vía pública, los manifestantes deben presentar un informe con 24 horas de anticipación.

 

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