La mujer relató su desesperación luego de varios intentos de entrevistarse con Bulacio, ya fallecido, en las instalaciones del Regimiento de Infantería Mecanizada 20: «Intenté imitar a Susana Giménez y tirarle un cenicero, pero no pude porque aparecieron custodios militares detrás de un cortinado y me sacaron de la oficina, encañonada por la espalda, con fusiles”.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N º 1 de Jujuy llevó adelante una nueva audiencia en esta segunda etapa procesal por los delitos de lesa humanidad. Además de la esposa de Turk, prestó declaración un exintegrante del servicio penitenciario, Alberto Guzmán.
En la audiencia de mañana declara la testigo víctima Claudia Lassaletta, en el marco de la causa que investiga el secuestro y asesinato de la docente Dominga Álvarez de Scurta.
La viuda de Turk Llapur describió su derrotero para intentar salvar a su marido, quien quedó preso al presentarse espontáneamente en el departamento central de la Policía provincial, el 28 de mayo de 1976.
La mujer contó que entonces ella tenía 22 años y una hijita de apenas tres meses. Una empleada del estudio de su marido le comentó al abogado que habían ido a buscarlo de la central de policía; él acudió al llamado policial y nunca más salió libre.
Al principio negaban que Turk estuviera en la sede policial, hasta que el entonces jefe de la policía local, Ernesto Haig, admitió que el hombre estaba arrestado «por averiguación de antecedentes” y que había pasado las dos primeras noches de su detención en la comisaría del barrio capitalino de Villa San Martín.
De tanto ir y venir al departamento central de policía, donde funcionó por algunos años un Centro Clandestino de Detención, la mujer logró la autorización para ver a su marido, acompañada por familiares de él, también abogados. La autorización fue firmada por el capitán Juan Carlos Jones Tamayo —actualmente prófugo de la justicia— y el teniente Peigge. «Lo vi bien, pero estaba angustiado porque la propia policía le había informado que me habían detenido”, contó. Después de ese encuentro, no volvió a verlo.
Turk fue trasladado al penal de Villa Gorriti, donde funcionaba otro Centro Clandestino de Detención. Para poder visitarlo, era necesaria la autorización de Bulacio o del entonces teniente Mariano Braga, quien fue condenado a cadena perpetua hace pocos meses por el homicidio de Julio Álvarez García.
La autorización llegó, pero la visita no pudo concretarse porque le fue negada por las autoridades militares que habían intervenido el servicio penitenciario jujeño. Sin em bargo, ella se llegaba a diario y le llevaba ropa limpia, una foto de su hija de tres meses y libros. La esposa de Turk recordó que un soldado le contó que su marido fue sacado del penal el 10 de julio de 1976, por orden de Jones Tamayo y Jaig.
Su peregrinar fue largo e intenso, hasta que un día el nuevo jefe de la policía jujeña, el coronel Donato Arenas, en una reunión que se hizo en su despacho y mostrándole un arma, le informó que “Jorge Turk había sido muerto en un enfrentamiento”, después de haber evadido la custodia militar y haber sido hallado en la localidad de Ticucho, en la provincia de Tucumán.
La viuda rememoró: «Estaba al borde de un ataque de locura; le dije que pronto nos íbamos a ver, pero que el arma la iba a tener yo y no iba a dudar en dispararle”. Contó que fue detenida por desacato, junto a una tía de su marido que tenía más de 70 años.
Otra versión sobre la muerte de su esposo la tuvo por terceras personas en una despedida del comisario Morales, de la policía federal: que a Turk lo había traído a la delegación jujeña el ejército, “muy torturado”, y que el abogado había muerto desnucado cuando intentaba bajar unas escaleras con custodios de la policía federal.
También declaró Alberto Guzmán, quien por ese entonces era jefe de la secretaría de la intervención de la cárcel jujeña. Dijo que realizaba tareas administrativas, tales como notificar resoluciones hacia el personal del servicio penitenciario, correspondencia, hacer sumarios, etcétera.
Confirmó que uno de los procesados, Carlos Ortiz, cumplía funciones de seguridad en el penal y mantenía trato cotidiano con el interventor de la cárcel, Antonio Orlando Vargas —también procesado en este juicio— y con los otros militares que estaban asiduamente en el penal, como Braga, el también condenado a perpetua José Eduardo Bulgheroni, el prófugo Jones Tamayo y el por entonces ministro de Gobierno, Donato Arenas. De este modo, quedó sugerido que Ortiz tuvo contacto con los presos políticos.
Más adelante, Guzmán dio a entender que las requisas en los pabellones carcelarios eran realizadas por personal capacitado en el tema, y dijo no recordar si alguna vez le ofrecieron algún curso de capacitación en inteligencia.
Sí recordó que cuando llegó la intervención militar al penal jujeño, los militares que eran jefes de Vargas dieron estrictas órdenes de que el personal del servicio penitenciario no podía ingresar a los pabellones donde estaban alojados los presos políticos.
Aseguró que el teniente primero Vargas no tenía experiencia en el tema penitenciario, y mencionó como ejemplo que en los primeros días después del golpe de estado Vargas ingresaba al penal armado, a pesar de que estaba estrictamente prohibido, es más “no tiene importancia ese tema, ya lo vamos a resolver más adelante”.
En estas audiencias, que continúan mañana, se ventilan las causas sobre la desaparición y asesinato de la docente Dominga Álvarez de Scurta y la detención y desaparición Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Rafael Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Ernesto Turk Llapur.
El Tribunal está integrado por los jueces Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz, y los fiscales que actúan son Francisco Snopek y el ad hoc Pablo Pelazzo.
Los acusados son Luciano Benjamín Menéndez, exjefe del III Cuerpo del Ejército Argentino; Antonio Orlando Vargas, exinterventor en el Servicio Penitenciario, y los guardias cárceles César Darío Díaz, Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate. Todos están procesados por secuestros, torturas y desapariciones, en el marco de los crímenes de lesa humanidad.
Vargas, en el primer juicio por los delitos humanidad que se siguió en Jujuy, fue condenado a 25 años de prisión, pena que cumple en la Cárcel de Ezeiza, razón por la cual sigue las instancias de este proceso por videoconferencia.