En una larga sesión, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto, impulsado por el Gobierno y sectores aliados, busca reemplazar la ley vigente desde la última dictadura. Ahora la definición pasa al Senado.
Con 149 votos a favor y 100 en contra, el oficialismo logró dar un paso clave en su agenda de seguridad. La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, mientras que el peronismo y la izquierda rechazaron de plano la medida.
Con 149 votos afirmativos, 100 negativos y 0 abstenciones, obtiene media sanción el Nuevo Régimen Penal Juvenil. pic.twitter.com/3YK8w7uRyO
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 12, 2026
Los puntos centrales de la reforma
El nuevo régimen introduce cambios significativos respecto a la normativa actual (Ley 22.278):
- Edad de imputabilidad: Se reduce de 16 a 14 años.
- Pena máxima: Se estableció un tope de 15 años de prisión para los menores que infrinjan la ley (el Ejecutivo pretendía originalmente 20 años).
- Alojamiento diferenciado: El articulado garantiza que los adolescentes no podrán ser albergados junto a reclusos mayores de edad.
- Presupuesto: Se asignaron más de $23.700 millones para la implementación del sistema, repartidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
El contexto del debate
El tratamiento de la ley se aceleró tras el impacto social por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, cuya madre estuvo presente en los palcos del Congreso durante la votación.
Uno de los puntos que destrabó el apoyo de las provincias fue el compromiso de la Nación de afrontar costos para adecuar los sistemas locales. A través de convenios de colaboración, se financiará el traslado y alojamiento de los menores en conflicto con la ley penal.
Rumbo al Senado
Tras la reciente media sanción de la Reforma Laboral, el gobierno de Javier Milei se anota un segundo triunfo legislativo de importancia en sesiones extraordinarias.
El objetivo del oficialismo es que el Senado convierta el proyecto en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.
De sancionarse, quedará derogada la ley de 1980, actualizando un marco normativo que llevaba más de cuatro décadas sin cambios estructurales en el sistema de minoridad.