Médicos y auxiliares trabajan para que se cumpla en Jujuy el protocolo de aborto no punible

El Ministerio de Salud de la Nación estableció un protocolo para la asistencia de mujeres en el proceso de interrupción voluntaria de un embarazo, que viene a reforzar y mejorar lo que ya se había planteado en una normativa anterior. En Jujuy, si bien se mantienen algunos obstáculos para el cumplimiento de la ley que garantiza este derecho, funciona un equipo de profesionales que, desde el Hospital Pablo Soria, trabajan en todos los centros de salud de la provincia para velar por su cumplimiento.  

El Protocolo Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo es una guía que regula la manera en que se debe asistir a las mujeres en los centros de salud de todo el país, en el ejercicio del derecho que reconoce el artículo 86 del Código Penal de interrumpir el embarazo.

Ese artículo dice que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo cuando está en riesgo la salud de la madre, y que el Estado tiene que garantizarlo. También, cuando el embarazo es producto de una relación no consentida o una violación, y cuando la mujer tiene una discapacidad mental.

Este protocolo que acaba de aprobar el Ministerio de Salud de la Nación es una ampliación del protocolo anterior.

“Cuando hablamos de salud hacemos referencia al concepto integral de salud, que tiene que ver con la psíquica, mental y social”, señaló a El Submarino Elena Meyer, médica que integra el equipo de acompañamiento de la mujer que depende de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, que desde el Hospital Pablo Soria trabaja para garantizar que se respeten los derechos de las mujeres en toda la provincia.

Meyer también forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, un colectivo de 375 profesionales y auxiliares autoconvocados de doce provincias. De Jujuy la integran cuatro profesionales: además de Meyer, están Ana María Tensio, médica del centro de salud de Campo Verde; María Dora Gil, educadora para la salud que trabaja en el hospital Pablo Soria, y María José Álvarez Carreras, de la Fundación Juanita Moro y de larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos y en particular de las mujeres.

“Todos los que estamos en la Red trabajamos en la salud pública y exigimos desde nuestra función que esta política se cumpla”, comenta Meyer, y reseña que en los últimos días emitieron un documento adhiriendo a la guía del Ministerio de Salud de la Nación, pero donde también reclaman por algunas cosas pendientes: “Pedimos una buena política de difusión y que se garantice el insumo en los hospitales, porque la interrupción se hace con pastillas, que es un método de mayor calidad y menos riesgo”.

El avance de este protocolo respecto del anterior, precisa la médica, es que establece con claridad a qué se refiere cuando se habla de “salud”, y explica que es la mujer quien define ese riesgo y quien tiene que manifestarlo. Otro avance es que habla de la calidad en la atención de estas prácticas y de las técnicas adecuadas, y por último habla del derecho a decidir y de la autonomía progresiva de los adolescentes, es decir que las mujeres adolescentes también están contempladas en esta guía.

-¿Se cumplen las indicaciones de este protocolo?

-Depende, porque no está del todo regulado. Hay provincias que adhirieron a la guía y otras que no. Jujuy adhirió en el año 2013, pero hace falta mucha difusión para que las mujeres sepan que esto es así, y lo exijan. Además no alcanza con el papel, sino que tiene que haber una decisión política para que los directores de los hospitales sean los garantes de su cumplimiento, y si hay algún profesional que no esté de acuerdo y haga objeción de conciencia, el Estado tiene que garantizar que otro profesional lo cumpla. Porque se trata de garantizar el derecho de la mujer. En Jujuy esto no está regulado, no tenemos registro de objetores de conciencia, así que queda a un libre albedrío. Pero por suerte desde el equipo de acompañamiento a las mujeres concurrimos a los hospitales y tratamos de que esto se cumpla.

-¿Cómo se integra ese equipo?

-Hay médicos, educadores para la salud, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, de distintos lugares de la provincia.

-¿Quién organiza el equipo?

-Somos profesionales que trabajamos en el sistema de salud pública y estamos en el equipo de la coordinadora de Salud de la Mujer, la doctora Claudia Castro, de la Dirección de Maternidad e Infancia. Con este equipo de consejería integral, que trabaja desde el hospital Pablo Soria hacia toda la provincia, estamos garantizando la interrupción legal del embarazo en el marco de la ley. Por otro lado está la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

-Hace unos años se denunció que no se cumplía el protocolo porque había objetores de conciencia, y que el propio jefe del servicio de Ginecología prácticamente obligaba a los médicos a negarse a realizar la práctica ¿Esto es todavía así?

-Nosotros a estas personas no las llamamos objetores de conciencia sino “antiderechos”, porque desde su postura están en contra de este derecho. Ellos comenzaron a trabajar para que no se realicen las interrupciones, impulsando e incluso extorsionando al resto de los profesionales. Se llamaron a sí mismos objetores de conciencia, pero la ley regula muy bien lo que es un objetor de conciencia: tienen que llenar un protocolo y fundamentar su posición, y además tienen que ser objetores en todos los ámbitos, tanto en el público como en el privado.

-¿Cómo es eso?

-Nosotros decimos que la interrupción del embarazo se convierte en un negocio porque vemos que un objetor lo es solo en algunos espacios. Entonces no garantizan los derechos ni respetan el buen trato que merece la mujer. Son conductas que no se comprende desde qué moral se toman. No pueden extorsionar a otros; cada uno tiene que reflexionar y decidir, y dar su argumento. El registro de objetores todavía no existe en Jujuy, de modo que quien  no garantice lo que dice la ley debería tener problemas.

-¿Qué postura tiene el Ministerio de Salud de Jujuy?

-La doctora Castro está en permanente contacto con ellos, para avanzar estratégicamente. Lo que ocurre es que dentro de las instituciones hay burocracias y obstáculos, así que es como remar en dulce de leche. Pero la Red nos ampara para avanzar desde otro lado.

-¿Qué puede hacer una mujer si va a un centro de salud y le niegan atención?

-Hay un número nacional para hacer denuncias, el 0-800-222-3344. Allí pueden denunciar si no las atienden como ellas consideran que deberían, o si no les respetan su derecho. Al denunciar, las autoridades nacionales se ponen en contacto inmediato con el centro de salud denunciado y verifica cuál es la situación, para resolverla. 

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Para ver y descargar el protocolo hacé click aquí.