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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el planteo de incompetencia del juez de Control Penal N° 4 Isidoro Cruz que había presentado la defensa de uno de los imputados en la llamada Megacausa, que investiga el manejo de fondos nacionales para la construcción de viviendas por parte de cooperativas, en la que está procesado el exgobernador Eduardo Fellner y algunos exfuncionarios provinciales y nacionales. En diálogo con El Submarino Radio (91.5), Cruz adelantó que «la semana que viene habrá novedades», a pesar de que el STJ aún debe resolver otros planteos similares.
El magistrado se excusó de precisar si dictará la prisión preventiva para imputados, y en cambio sí afirmó que su intención es elevar la causa a juicio oral. «Dios quiera que sea así», expresó.
La causa tiene como principales implicados, entre otros, a Fellner, a quien fue su ministro de Vivienda, Luis Cosentini; a exfuncionarios nacionales y locales, y a la dirigente social Milagro Sala.
Una vez que esté confirmada la competencia de Cruz, el magistrado debe evaluar los pedidos de detención que presentó el fiscal Diego Cussel para Fellner, Cosentini, los exintegrantes de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP) Héctor Gustavo Carrizo y José Luis Mercado; los exfuncionarios nacionales José López y Germán Nivello, y otros imputados, a excepción de los intendentes y exintendentes implicados, cuyas detenciones no fueron solicitadas.
En la causa se investiga la presunta responsabilidad de Fellner por un decreto sancionado durante su gestión mediante el cual creó en 2007 la UEP con el fin de administrar los recursos que provenían del tesoro nacional y estaban destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy. Fellner está procesado por los delitos de “abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos concursados realmente con coautoría de fraude a la administración pública”.
Consultado sobre cuáles podrían ser las próximas novedades, Cruz respondió: «Tenemos plena competencia en este momento, entonces es facultad nuestra tomar la decisión y oportunamente notificar a las partes. Tomaremos las decisiones que corresponda dentro de los plazos de que disponemos, no podemos anticipar nada».
Remarcó luego que «el expediente estuvo dando vueltas durante un año por la cuestión de la competencia», y agregó: «En este momento estamos trabajando sobre todas las hipótesis y oportunamente se va a conocer lo que vamos a resolver».
-¿Tiene plazos para tomar esas decisiones?
-Tendríamos que actuar inmediatamente, pero son más de cien cuerpos en soporte digital, tenemos que ordenar las distintas peticiones que formularon los abogados de las partes involucradas, y eso lo estamos terminando en el día de hoy. Después estaremos preparando todo lo demás, y tenemos que indagar a los 23 imputados del expediente. En eso estamos.
-¿Va a ordenar alguna detención? Porque en esta causa hay algunos imputados que están presos y otros que están libres.
-Veremos la oportunidad procesal de tomar tal medida, si así correspondiera. El principio que rige es la libertad, de acuerdo al grado de compromiso, a si tiene peligrosidad procesal. Se pondrá disponer o no la libertad, eso es responsabilidad del juez, que es quien hace las valoraciones correspondientes. Pero el juez debe ser muy prudente y cauto en cuanto a lo que exprese, para no prejuzgar ni preopinar, porque las partes imputadas y sus abogados son sensibles a lo que uno puede decir.
-¿La causa ya está para ser elevada a juicio oral y público?
-Esa es la intención. Dios quiera que sí. Esta causa está sustentada en la causa llamada Pibes Villeros, donde hay muchas pruebas, pero no sé si serán suficientes para este expediente, además de la prueba que incorporaron desde la fiscalía. Yo creo que tiene un gran avance la causa. En tiempos normales, en tres o cuatro meses la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio. Esa es nuestra intención, pero queda a expensas de lo que vaya surgiendo del debido proceso.
