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La abogada Claudia Sambro Merlo presentó una denuncia penal contra 23 funcionarios y empresarios por estar “involucrados en el negociado de FlyBondi en la Base Militar de El Palomar”. Entre los denunciados, la prominente lista es encabezada por los popes de Cambiemos: Mauricio Macri, Marcos Peña Braun, Guillermo Javier Dietrich, Oscar Raúl Aguad, Sergio Alejandro Bergman, Germán Carlos Garavano, María Eugenia Vidal, el intendente de la Municipalidad de Morón, Ramiro Tagliaferro, y muchos otros.
La denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y varios otros de sus funcionarios y funcionarias tiene que ver con «el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en los términos del artículo 248 del Código Penal». A Vidal y otros tantos, la denuncia le remarca el delito de omisión a sus deberes en el ejercicio del poder de policía en los términos del artículo 249 del Código Penal.
«Resulta público y notorio el inicio de la actividad aerocomercial en la 1° Brigada Aérea con asiento en la Ciudad de El Palomar, que hasta el momento sigue siendo un enclave de los regulados por el artículo 75 inc 30 de la Constitución Nacional; con afectación especial respecto de la Seguridad Nacional como ‘Base Aérea Militar’. Recién a finales de noviembre del año 2017, los vecinos tomaron conocimiento de esta maniobra, a través de las escuetas noticias que se difundían en escasos medios de comunicación pública, en relación a la posibilidad de instalar un aeropuerto aerocomercial en la 1° Base Aérea El Palomar. Hasta ese momento, ninguno pudo tener conciencia cierta de este “emprendimiento” y tampoco acceso a los detalles del mismo, ya que el intendente local, Ramiro Tagliaferro, que envía mensualmente boletines informativos junto con la tasa de servicios generales, omitió proporcionar siquiera un mínimo indicio, respecto de las obras que se estaban ejecutando desde el año 2017. Establecer un aeropuerto para la actividad aerocomercial, es en esta zona, un proyecto totalmente inviable desde el punto de vista urbanístico y ambiental», detalla la denuncia.
La letrada también apuntó a que «al momento en que Mauricio Macri asumió la presidencia, la concreción del proyecto era un hecho consumado».
En la extensa denuncia, Sambro Merlo detalla que «el dictado de este Decreto ha sido en flagrancia a la Constitución Nacional, y vulnerando la Ley de Ministerios de la Nación Ley de Defensa de la Competencia y Ley General del Ambiente».
Sostiene además que en este sentido «entiende configurada la conducta punible por parte del Presidente de la Nación Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña y los Ministros de Defensa Oscar Raúl Aguad y de Ambiente de la Nación Sergio Alejandro Bergman; en el caso de los dos primeros, por suscribir los actos en pugna sin potestades y en franca violación a la ley y los principios republicanos correspondiéndole la imputación prevista en los artículos 248 y 190 del Código Penal; los segundos, por omisión inexcusable de los deberes correspondientes a la Defensa y Seguridad que implica la desafectación de facto de una Base Militar, y por omisión inexcusable en el cumplimiento de las normas ambientales: (análisis del proyecto, evaluación de impacto ambiental previo de todas las jurisdicciones comprometidas, establecida la viabilidad, audiencia pública “previa”). Todas estas competencia irrenunciables de las áreas bajo su cartera (Defensa y Ambiente). En este sentido, corresponde se los tenga incursos en las figuras previstas en los artículos 249 y 190 del Código Penal».
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