Por Luciana Bertoia*. El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, sostuvo ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el gobierno de Javier Milei sostiene una “memoria amplia” y que no se han afectado las instituciones que llevan adelante estas políticas. Los despidos de los que se han jactado funcionarios de la administración de La Libertad Avanza (LLA) y lo que el propio Baños debe informar a los tribunales lo desmienten.
Baños dio una exposición belicosa ante el CAT, que esperaba que explicara la política de represión a la protesta, criminalización y endurecimiento del sistema penal que el gobierno viene aplicando. Sin embargo, la estrategia del subsecretario de Derechos Humanos fue desacreditar a quienes denuncian lo que está sucediendo en el país.
A los organismos los acusó de perseguir fines desestabilizadores y de haber montado una campaña internacional para hacer que la República Argentina se ponga de rodillas.
Para el subsecretario de Derechos Humanos, a los organismos locales no les interesan la Memoria, la Verdad y la Justicia. Para sostener tal posición, reflotó la discusión sobre el número de desaparecidos –que había tenido un pico durante el macrismo– y apeló también a la retórica del “curro de los derechos humanos”.
Sin embargo, la verdad parece ser esquiva al funcionario que llegó de la mano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Entre otras cuestiones, Baños señaló que:
- Las políticas de memoria se cumplen de manera amplia;
- Se estaban haciendo refacciones en sitios de memoria como no se han hecho en los últimos 20 años;
- La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) era una bolsa de trabajo para organismos ideologizados;
- No se cuestionan actos de memoria;
- La degradación de la SDH en subsecretaría se hizo para optimizar el trabajo y que ésta funciona exactamente igual que antes. Lo mismo que el Museo Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que pasaron a ser oficinas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Los despidos en la SDH comenzaron en marzo de 2024, según registros de la Asociación de Trabajadores del Estado. Es algo de lo cual el Gobierno ha hecho gala. El 25 de marzo pasado, Cúneo Libarona se jactó en X: “Desde que asumimos, despedimos a 405 empleados militantes de la SDH, lo que representa el 44 por ciento del personal recibido. También eliminamos el 39 por ciento de los cargos jerárquicos”.
“Todos los despidos se traducen en incapacidades”, sostiene la abogada Sol Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los sitios de memoria fueron uno de los focos más afectados. Tal fue así que en enero pasado el juez federal Ariel Lijo –por entonces, candidato del gobierno para la Corte Suprema– le ordenó a Baños tener una dotación de personal capacitado que permitiera que los lugares siguieran funcionando.
Pese a que el subsecretario sostuvo que se estaban haciendo refacciones como nunca antes, trabajadores de los sitios dijeron a Página/12 que, a través de una empresa tercerizada, se hicieron arreglos mínimos. Ya no hay trabajadores de mantenimiento en la mayoría de los lugares.
A pesar de que el subsecretario sostiene que no se impidieron actos de memoria, eso no es cierto. Él fue a la Justicia para impedir que Milo J cantara en la ex-ESMA. También dispuso que los sitios debían informar con semanas de antelación antes de llevar a cabo una actividad. La versión que circuló es que el gobierno cortó, en represalia, los fondos al ente público que administra la ex-ESMA después de que el 24 de marzo pasado se repusiera la foto de Néstor Kirchner ordenando bajar los cuadros de los dictadores.
Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S Capital denunciaron que “no se ha hecho más que desmantelar y atacar políticas vinculadas al proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
En ese sentido, destacaron que se ha afectado la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura al obstruir la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y al intentar modificar por decreto el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Además, señalaron que en el Centro Ulloa se eliminó expresamente la función de asistir a querellantes en los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Hourcade, por su parte, señaló que Baños no respondió por la eliminación de los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de archivos que funcionaban en el Ministerio de Defensa. El 6 de noviembre pasado, el ministro Luis Petri se enorgulleció de haber eliminado los “nefastos grupos de trabajo” que “carpeteaban” militares. En realidad, como recuerda la legisladora Victoria Montenegro, los ERyA aportaban prueba para los juicios.
En materia judicial, Baños ha firmado recientemente notificaciones diciéndoles a los jueces que no tiene capacidades para recabar la opinión de las víctimas ante posibles salidas de represores de la cárcel.
Además, la SDH se quedó sin abogados litigantes por los despidos, por lo que el propio Baños debió presentarse tras ser intimado por varios juzgados.
El CIPDH, que depende de la subsecretaría, funciona, al decir de Baños, como una “bolsa de trabajo”. En este caso, para quienes militaban en el Frente Joven, un grupo cuyo activismo está centrado en la oposición al matrimonio igualitario y el aborto.
El Museo Sitio ESMA, que es prueba judicial y patrimonio de la humanidad por la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), pasó a funcionar bajo la órbita del CIPDH. Fernando Vedoya fue designado como director sin previa consulta con el consejo que integran organismos de derechos humanos y sobrevivientes. Recién este jueves, Vedoya, que viene del Frente Joven, recibirá al consejo.
Por los despidos, el Museo debió limitar los días de apertura al público. Los trabajadores que quedan sufrieron recortes de la mitad de sus salarios. “No se puede decir que funciona igual si no se puede gestionar por la falta de equipos profesionales o de un plan estratégico avalado o si se eliminan contenidos como los vinculados a la inclusión de la perspectiva de género”, afirma Mayki Gorosito, exdirectora del Museo Sitio ESMA.
El ANM, que conserva el fondo documental de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), no tiene director. Ya no se realizan investigaciones históricas. Hay poco personal que responde a los requerimientos judiciales.
Ni el Museo o el ANM se cerraron, como repitió el subsecretario ante los comisionados, aunque quedaron con un funcionamiento disminuido. Lo que sí se cerró fue el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.
* En Página/12