Las calles del centro de Mendoza se llenaron de columnas y manifestantes de distintas partes de la provincia y el país, en rechazo a la ley que busca instalar la megaminería metalífera en el territorio.
La denominada Gesta Liberadora por el Agua recorrió más de 100 kilómetros para llegar a la Legislatura, donde se debatía la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), describió a La 750 que confluyeron «asambleas y manifestantes de todo el país en defensa de su territorio, de su agua, contra un embate del lobby minero, que es muy poderoso”.
“El destino de la provincia está en juego. Mendoza tiene una historia muy particular. Acá solo el 4 por ciento de la provincia es cultivable. El resto no. Es un desierto. Cada litro de agua tiene un significado. Y el mendocino tiene una relación con el agua única”, afirmó Viale.
Y añadió: “Las manifestaciones son muy masivas, de todos los pueblos, policlasistas”. Y agregó: “No es casual que uno los pilares de la política sea la minería. Es una política de saqueo desde hace mucho tiempo. Y nos quieren imponer esa política”.
«Lo que hace el pueblo de Mendoza, ojalá sirva de ejemplo de que hay que defenderse. En este momento las manifestaciones están ingresando a la ciudad. Y se prevé un mendozazo o una gesta libertadora por el agua”, dijo.
Recordó luego que en 2019 también hubo una manifestación muy grande que logró impedir la instalación de la minería en la zona.
Marchas multitudinarias en todo Mendoza contra Cornejo y Milei por el proyecto minero para contaminar todo sin siquiera contratar trabajadores argentinospic.twitter.com/yB2ZA5QlXS
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) December 9, 2025
Qué dice la ley
La Cámara de Senadores de la Legislatura mendocina se aprestaba a votar este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge.
Se trata de una iniciativa congelada desde 2007 por no contar con la llamada “licencia social” por parte de las comunidades y cuyos estudios de impacto ambiental ya fueron rechazados.
El proyecto pertenece a la empresa PSJ Cobre Mendocino, de capitales suizos y argentinos. Según un comunicado oficial de la compañía, la mina podría estar activa hasta 27 años e implicará una inversión de 559 millones de dólares en total.
La preocupación de los asambleístas es por el impacto ambiental que la actividad minera podría tener sobre las reservas de agua de la provincia. Por un lado, por la posible contaminación por químicos; y por el otro, porque, aseguran, podría exacerbar la sequía que la provincia vive desde hace 15 años.
