En la sala de debate del Tribunal Oral Federal uno, el Ministerio Público Fiscal, representado por Dante Vega, dio por finalizado su alegato y solicitó al presidente del tribunal, Alejandro Piña, que aplique la máxima pena a los ex jueces imputados.
El pedido alcanza a Otilio Roque Romano (imputado en 97 causas), Luis Francisco Miret (35 causas), Max Petra Recabarren (22 causas) y Rolando Evaristo Carrizo (19 causas). El fiscal los sindico como «partícipes primarios en concurso real y de conformidad con las figuras de homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, robo agravado y asociación ilícita», entre otros delitos.
La misma condena fue pedida para los ex integrantes del Ejército Carlos Horacio Tragant, José Antonio Fuertes y Paulino Enrique Furio, de la Fuerza Aérea Alcides Paris Francisca y de la policía de Mendoza Armando Osvaldo Fernández, Pablo Gutiérrez Araya, Luis Alberto Rodríguez y Miguel Ángel Tello.
«El ordenamiento jurídico fue avasallado en su totalidad por los imputados en este juicio, cada uno desde su órbita de acción», expresó Vega al detallar las causas y los delitos que configuraron su pedido contra los imputados.
Del mismo modo, los abogados Carlos Varela Álvarez y Pablo Salinas, querellantes por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEHD), adhirieron a la solicitud expresada por la Fiscalía. “Estos son delitos de lesa humanidad. No prescriben. Son los delitos más graves del Código Penal, como los homicidios, desapariciones forzadas, violaciones y torturas. Este juicio es importante y tiene el carácter histórico porque son jueces juzgando a jueces», indicó Varela Alvarez.
El megajuicio comenzó el 17 de febrero de 2014 y hubo más de 300 testimonios en más de 160 audiencias donde se analizó y expuso documentación, archivos y expedientes.