En una nueva audiencia, la N° 41, en el Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, en el marco del 6°juicio de lesa humanidad, testimoniaron de modo presencial; Oscar Bracamonte (ex médico del servicio penitenciario), Luis Alfaro Vasco (ex preso político), Cipriano Cruz y Andrés Avelino Cayón (Ambos ex policías de la provincia de Jujuy), en tanto, a través del sistema de videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró Ángel Oscar Agüero (ex policía federal).
Por otra parte, la secretaria del tribunal informó sobre la ausencia de los testigos José Benito Coca, quién según el informe de Gendarmería Nacional, no fue encontrado en el domicilio y Alfredo Luis Benítez quien fue desistido por el Ministerio Público Fiscal debido a su fallecimiento.
Mitomanía y dolencia del médico del penal
Oscar Bracamonte trabajó como médico en el servicio penitenciario de Gorriti desde el año 1974 hasta mediados del año 1977, y luego renunció. Durante aquel tiempo contó que los presos políticos se movían con libertad por la unidad penitenciaria, y luego del golpe de Estado fueron aislados y confinados en pabellones. Ante la pregunta de la fiscalía sobre la diferencia entre el régimen penitenciario de presos comunes y presos políticos, el testigo no precisó la fecha, pero contó que en una época no había ninguna diferencia, y que posteriormente fueron aislados en celdas.
Según Bracamonte asistió a todos los presos que necesitaban atención médica, siempre y cuando figuren en la lista que le brindaba el jefe de seguridad interna del penal, y agregó que los celadores de la guardia eran los encargados de llevar a los presos al consultorio del penal.
El doctor mencionó que había presos políticos en el pabellón N°1 y que atrás de la sección enfermería, en la parte superior, había otro pabellón del cual no recordó el número, sin embargo, describió las ubicaciones, y ante las preguntas del cuerpo de fiscales sobre presos políticos, nombró a Julio Moisés, Jorge Weisz*, los hermanos Tilca*, Carlos Patrignani* y Carlos Cardozo, a quien atendió por un pico de hipertensión y quien fue compañero de medicina en la universidad.
El profesional de la salud sostuvo que en una ocasión las autoridades del penitenciario de Gorriti le dieron órdenes de recorrer todos los pabellones y en ese ínterin, conoció al ex intendente de Libertador Gral. San Martín, Luis Ramón Aredez*, “lo vi una sola vez en el pabellón N°1”, detalló y negó la existencia de presos maltratados y en mal estado de salud.
Sobre las presas políticas dijo que eran aproximadamente 7, y manifestó haber atendido a una embarazada, Claudia Lassaletta, pareja de un médico colega: “Estaba embarazada de un mes y medio y se encontraba con dolores, al poco tiempo salió en libertad”, sostuvo.
Acerca de su trabajo expuso que dependía de la sub dirección del servicio penitenciario de Gorriti, dirigida por una persona de apellido Maldonado (fallecido), el cual fue a la misma escuela que él, negó haber recibido órdenes de cómo tratar a presos políticos: “Para mi eran todos iguales al momento de brindar atención”.
“Voy a descansar cuando sepa que se hizo justicia, para que en el futuro no ocurra lo que ocurrió”
Luis Alfaro Vasco fue el segundo testigo, trabajaba como ayudante administrativo para una empresa llamada Paila, contratista de la empresa Ledesma que se encargaba de la reparación y mantenimiento de la maquinaria dentro del complejo agroindustrial.
Fue detenido en tres ocasiones durante 1975 y 1976, los operativos estuvieron a cargo del comisario Ernesto Jaig, la primera y segunda detención fueron en el domicilio de sus padres en Libertador Gral. San Martín, en ambos casos fue trasladado al Centro Clandestino de Detención (CCD) Comando Radioeléctrico, en donde lo interrogaron y le preguntaron por Safarov* y además contó que le quitaron la venda de los ojos y pudo ver las condiciones infrahumanas de detención de sus compañeros, entre los que nombró a “Lito” Juárez, Raúl Ramón Bartoletti y su mujer Leticia y su hermano Oscar.
La tercera detención fue en el mes de julio del año 1976, durante la Noche del Apagón, cuando estaba en la casa de sus padres, ubicada en una esquina muy iluminada en el barrio del Ingenio Ledesma, los secuestradores le dijeron a sus padres que lo iban a llevar para solo para hacerle unas preguntas y que luego regresaría, desde allí fue trasladado tabicado y maniatado en una camioneta de la empresa Ledesma hacia la comisaría N° 24, donde sufrió golpes de puño y posteriormente junto a su hermano Oscar, lo llevaron al Centro Clandestino de Detención (CCD) de Guerrero, lugar en el que permaneció atado y vendado en el piso. Allí pudo reconocer la voz de sus amigos Juan Carlos Espinoza y Roberto Polanco: “Fueron torturados hasta que no escuché más sus voces, quedaron en silencio”.
En aquel Centro Clandestino de Detención, Luis estuvo todo el tiempo preocupado por la integridad física de su hermano Oscar: “Trataba de escuchar, de que él hable, de ubicarlo”, dijo. Hacinados y sin comer, luego, Oscar y él fueron trasladados en un vehículo del ejército al penal de Gorriti junto a Hilda Figueroa, Bache, Rufino Lizárraga, su primo Alfredo Mérida, Eublogia Cordero de Garnica al presidio de Gorriti, todos ellos sobrevivientes.
Al llegar a la unidad penitenciaria le tomaron fotos y las huellas digitales, para luego ser confinado en una celda ubicada atrás de la cocina del penal donde estuvo incomunicado. En ese lugar sufrió tratos inhumanos por parte de un penitenciario de apellido Lacsi. Compartió cautiverio con lo ex presos políticos; Ricardo Ovando, Julio Moisés, Omar Gainza, Carlos Melián, Hugo y Mario Condorí, y los médicos Jorge Roberto Collado y Luis Antonio Bermúdez.
Cuando recuperó la libertad, junto a su hermano realizaron los trámites correspondientes para exiliarse en Noruega, permaneció en ese país hasta que el presidente Alfonsín asumió la presidencia.
Luis expuso unas sentidas palabras sobre su calvario: “Ledesma fue uno de los lugares donde más gente se ha detenido y torturado, ¿A quién beneficiaba, quien mando..? Agarraron a toda la comisión directiva del sindicato que no le convenía, no denunciaron a Ledesma, no quiero venir a autoflagelarme y recordar toda esa barbaridad. Anoche no pude dormir, recordando cosas que ya no quiero recordar, voy a descansar cuando sepa que se hizo justicia, para que en el futuro no ocurra lo que ocurrió”.
El momento más emotivo fue cuando, al finalizar su testimonial, expresó: “Yo vine aquí porque hay que hacer justicia y meter presos a los que realmente cargan armas cuando hay golpes, que son los que mandan, y son los dueños del poder real, que no son los gobiernos, sino los Magnetto, los Pérez Companc, los Roca, ellos son los que mandan a reprimir, eso lo sabe todo el mundo”.
Un buen amigo de Jones Tamayo
Ángel Oscar Agüero fue el tercer testigo, trabajó en la Policía Federal como oficial inspector de servicio durante los años 1972 a 1976, según él, su función era realizar sumarios administrativos y judiciales del personal a su cargo y supervisar al personal subalterno, que para aquella época eran muy pocos, indicó.
El ex policía dijo que en 1976 existía una oficina técnica de inteligencia criminal, que realizaba tareas de inteligencia y que actualmente se llama comunidad informativa, sin embargo, no pudo dar mayores precisiones.
Sobre la existencia de presos políticos en el establecimiento de la Policía Federal, Agüero dijo: “Iban detenidos incomunicados a disposición de la justicia federal, sabía que eran presos políticos por una ley que hablaba de anti subversión, cero que era la 20.840, esos eran los motivos de la detención, no recuerdo los apellidos de los detenidos”.
Sobre el vínculo entre la policía federal y la de Jujuy, contó que eran relaciones de cooperación e intercambio de datos, fotografías, planimetría, datos de médicos forenses, entre otros trámites propios de cada jurisdicción, en relación, con el personal del ejército, Agüero detalló que todos los años iban a hablar con sus superiores, sin embargo, al momento de dar nombres, dijo no recordar, y negó los interrogatorios a los presos políticos que realizaba personal de esa fuerza. También se lo indago sobre una habitación pequeña como un sótano, destinada a la armería, de la que se sabe, por diferentes testimonios que allí funcionaba la sala de torturas en la sede de la Policía Federal, pregunta que evadió una vez más.
Finalmente, la abogada Paula Álvarez Carreras, intentó obtener alguna información del ex oficial federal Agüero, pero fue en vano, ya que el mismo prosiguió su declaración con mucho hermetismo, sosteniendo el pacto de silencio de las fuerzas armadas. Su testimonial concluyó sin grandes aportes.
Negacionismo genocida: “Yo no sabía de la noche del apagón, porque estaba en mi casa”
En cuarto lugar, dio testimonio Cipriano Cruz, testigo propuesto por el abogado defensor de los genocidas imputados, Rodríguez Vega. Ante las preguntas del otro abogado de la defensa, Ricardo Vitellini, Cruz se identificó durante los primeros minutos de su declaración simplemente como un ex empleado público, evitando explicitar su pertenencia a las filas de la policía provincial durante la década de los años ´70, algo que finalmente tuvo que admitir, indicando que ingresó a la fuerza pública en el año 1977, retirándose del servicio activo el 1 de enero de 1985.
Según su explicación, Cruz se desempeñó como radio operador en la seccional N°24, ubicada en la localidad de Ledesma, aunque pronto se vio obligado a reformular su declaración anterior, concerniente al año en que ingresó a la policía, debido a que recordó que durante la denominada “Noche del Apagón”, que tuvo lugar la noche del 20 y la madrugada del 21 de julio de 1976, él ya prestaba servicios en la mencionada dependencia policial bajo las órdenes del ex comisario genocida imputado en esta causa, José Américo Lezcano, a quien reconoció como su superior en aquel año.
“Yo no sabía de la noche del apagón, porque estaba en mi casa, me enteré recién al otro día cuando fui a trabajar, mis compañeros comentaban algo, pero en Ledesma no hubo ningún apagón, y en Libertador menos. Se hablaba, sí, pero no sabíamos donde se había producido”, sostuvo de manera falaz.
Lezcano: “El más terrible de la zona del ramal”, “Dueño y señor” para desaparecer personas
Andrés Avelino Cayón fue el último testigo en declarar, manifestó desde un principio su limitada capacidad auditiva y solicitó comprensión por parte del Tribunal. Mencionó haber trabajado en la policía provincial como operador en el Comando Radioeléctrico, donde comunicaba todo lo que le ordenaban sus superiores, entre ellos el comisario represor Ernesto Jaig, pero a pesar de esto, Cayón aseguró: “Jamás nos ordenaron comunicar información alguna sobre detenidos políticos o subversivos”.
El testigo explicó que el Comando Radioeléctrico contaba con un cuerpo de patrulleros que eran guiados por los radioperadores, de forma tal que las patrullas recibían indicaciones sobre los lugares a los que debían dirigirse como así también informar sobre su posición y las tareas que se encontraban realizando en ese momento.
“En aquel tiempo, hace 35 o 40 años, también manteníamos interconectadas la regional N°1 que estaba en Ciudad de Nieva, la regional N°2 que estaba en la ciudad de San Pedro a cargo del comisario inspector Enrique Morales y la regional N°3 que se encontraba en la ciudad de La Quiaca”, amplió Cayón, añadiendo que se encargaban de patrullar todo el casco céntrico y los principales barrios de la ciudad de San Salvador de Jujuy. “Aquí todo era patrullado por los oficiales Armando Claros, Armando Hugo Ruiz y Garnica”, indicó.
Más tarde, Cayón se refirió al imputado José Américo Lezcano, que se encontraba presente en la sala, al que denominó “el más terrible de la zona del ramal”, indicando que el represor era dueño y señor para hacer su voluntad. “¿Qué sería ser dueño y señor?”, le preguntó la fiscal Mariana Cura, a lo que el testigo le respondió: “¡Hacer lo que él hacía, desaparecer personas!”, exclamó, mientras la sala escuchaba atenta la denuncia y el nervioso genocida tomaba notas sobre lo declarado y realizaba consultas en voz baja a sus representantes legales. “Todos mis compañeros de trabajo lo sabían y me decían: Lezcano está haciendo cagadas con los militares”, agregó.
Retomando su paso por el Comando Radioeléctrico, Cayón, recordó la existencia de un “área restringida” en la parte trasera, donde solo tenía acceso el personal autorizado o de alta jerarquía. “Ningún subalterno podía pasar, el que siempre iba a ese lugar era el sinvergüenza criminal de Eduardo Bulgheroni y Carlos Jones Tamayo. También los veía entrar a Rafael Mariano Braga, Ernesto Jaig y el coronel Donato Arenas”, sostuvo.
Sobre este último punto es necesario mencionar que, según los registros del penal de Gorriti, Andrés Avelino Cayón figura como parte del servicio de inteligencia de la policía provincial y lo más probable es que tuviera pleno acceso al área mencionada, ya que era él quien se encargaba de trasladar a los presos desde la central de policía hacia el penal, tal como lo hizo con el ex preso político Juan Bosco Mecchia.
Según la declaración del testigo, en la denominada área restringida, el personal militar operaba libremente, manteniendo secuestrados a presos políticos hasta su traslado en los camiones unimog del ejército, lo cual se realizaba siempre de noche. A pesar de la cercanía de su puesto de transmisión como radioperador, Cayón sostuvo que nunca vio o escuchó que se realizaran interrogatorios o se practicaran torturas en el Comando Radioeléctrico.
“Los oficiales que custodiaban el lugar eran muy agresivos, no se les podía decir nada, pero por comentarios, sabíamos que sacaban a la gente detenida siembre de noche, en la clandestinidad”, comentó, relatando además la anécdota en la cual el coronel Bulgheroni efectuó varios disparos hacia la puerta de ingreso con el fin de amedrentar a cualquier persona que se acercara a mirar o espiar lo que ocurría dentro.
Ante las preguntas formuladas por la abogada querellante Álvarez Carreras, sobre los principales responsables del Comando Radioeléctrico, Cayón indicó que el comando pertenecía al Departamento de Operaciones Policiales, y que el comisario Canavire se encontraba a cargo, teniendo bajo su mando a los radioperadores del comando y el cuerpo de radiopatrullas.
Sin embargo, resaltó que, por algún motivo, se le otorgó jerarquía a Jaig para que controlara todo el sistema de comunicaciones de la policía, por lo que éste debía responder no solo a Canavire, sino también ante el Mayor Donato Arenas y Molina Fabaz, un policía federal de alto rango retirado, según lo señalado por el testigo. Con estas últimas declaraciones, Cayón terminó su testimonio y se retiró de la sala.