Milagro Sala: 7 años de uso político del encarcelamiento

Por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fue detenida en enero de 2016 por participar en un acampe. Desde entonces se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica.

El 16 de enero de 2016, a pocas semanas del comienzo del primer mandato de Gerardo Morales, Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe frente a la casa de gobierno de Jujuy. Desde entonces fue encerrada dos veces en una unidad penal y hasta este momento sigue privada de la libertad en su domicilio. La prisión preventiva y la sucesión de acusaciones en su contra buscó desde el comienzo disciplinarla a ella y debilitar su organización. En los últimos tiempos su situación procesal fue utilizada por Morales en función de sus propias estrategias políticas. El escenario de persecución y hostigamiento construido por el poder ejecutivo provincial y las autoridades judiciales tuvo y tiene consecuencias graves para la salud y la integridad física de Milagro.

Apenas asumió, en diciembre de 2015, Morales anunció que las organizaciones sociales debían empadronarse en un registro de cooperativas. Ante un pedido de reuniones por parte de distintas organizaciones para entender las medidas, Morales no quiso mantener diálogo ni dar explicaciones. Eso provocó que distintos grupos hicieran el acampe frente a la gobernación. A los pocos días, dictó un decreto que disponía la suspensión de la personería jurídica y otros derechos de las organizaciones que se quedaran en el lugar. Algunas se fueron pero Milagro Sala y la Tupac Amaru mantuvieron el acampe. Sobre esta organización recayó una serie de medidas de criminalización, que incluyó la detención de su referenta.

Casi dos semanas después, se ordenó su excarcelación. Pero ese mismo día, antes de que fuera liberada, se pidió otra vez su detención por otra causa. Así comenzó un ciclo de denuncias que la mantiene encerrada hasta el día de hoy. En esta nueva investigación se la acusaba de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita. El gobierno de Jujuy subordinó al poder judicial provincial en función de sus objetivos políticos: de manera encadenada y superpuesta se le iniciaron procesos y se reabrieron otros en los que se la había desvinculado. A Milagro se le abrieron 12 causas y atravesó seis debates orales y públicos. La finalidad de esta estrategia es asegurar su situación de encierro y desprestigiarla.

A partir de su delicado estado de salud físico y mental, cuando estaba presa en el penal de Alto Comedero, en noviembre de 2017 la Corte IDH le exigió al Estado argentino que adopte “las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud” de Milagro. En ese momento, el tribunal internacional consideró que su estado revelaba “una situación de extrema gravedad”.

El hostigamiento ejercido estuvo acompañado por situaciones de humillación pública y privada, como haber recibido notificaciones judiciales cuando estaba en la cama de un hospital durante una internación. Ningún varón que participe en política vive el grado de persecución, intimidación y acoso que transita Milagro Sala, con el afán de limitar su influencia y acción. La búsqueda por menoscabar su construcción popular, se cruza con la violencia política por razones de género que se ejerce contra ella y la racialización de la que es objeto.

En 2021 el CELS junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) denunciamos al Estado argentino ante la CIDH por la situación de hostigamiento y criminalización que padecen tanto ella como la Tupac Amaru.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema rechazó el recurso de les abogades de Milagro para rever el caso de defraudación y asociación ilícita, en el que la habían condenado a 13 años de prisión. Con esa decisión, el máximo tribunal convalidó lo realizado por el poder judicial de Jujuy, sin contemplar las irregularidades que tuvo el proceso y las violaciones a las garantías constitucionales que alegó su defensa. En la última semana, su estado de salud empeoró y sus médicos evalúan intervenirla por una patología previa.

Durante estos siete años de privación de la libertad de Milagro, también varies de les integrantes de la Tupac Amaru sufrieron similares episodios de hostigamiento, con el objetivo de desarticular definitivamente la organización. La causa judicial contra la protesta que dio origen a su detención sigue pendiente de juicio oral y la persecución por este hecho continúa hasta hoy. En toda la Argentina, por supuesto incluida la provincia de Jujuy, la protesta y la organización política y social son derechos. Su ejercicio nunca puede ser blanco de la persecución penal.

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