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Milagro Sala inició esta mañana una huelga de hambre tras haber sido incomunicada en su celda del penal de mujeres de Alto Comedero, por disposición del Servicio Penitenciario provincial. La supuesta sanción no fue notificada formalmente ni a la dirigente social ni a sus abogados, negándole así el legítimo derecho a la defensa. Sus abogados preparan un hábeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención.
Desde la Tupac Amaru y el Frente Unidos y Organizados (Fuyo) exigen que “en forma inmediata” se suspenda la medida, e hicieron directamente responsables al gobernador Gerardo Morales y a su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, por el castigo contra la diputada del Parlasur.
Según tomaron conocimiento los abogados de manera extraoficial, las autoridades del Servicio indicaron que la sanción se debió a “reiterados sumarios realizados a Milagro Sala por mala conducta”. Sin embargo, desde la defensa de Sala explicaron que “un sumario no es una sanción”, y que dicha sanción “no ha sido legal ni debidamente notificada, violando así el legítimo derecho a la defensa”.
Los abogados de la dirigente social indicaron que “el permanente hostigamiento a los 11 presos políticos por orden del contador Gerardo Morales se traducen en sanciones ilegítimas y arbitrarias, como la aplicada en este caso a Milagro”.
Sala se encuentra privada ilegalmente de su libertad desde el 16 de enero. Fueron varias las denuncias que desde entonces realizó sobre las condiciones de detención. Tras revelar públicamente esas situaciones y presentar un hábeas corpus colectivo, después de tres meses de que las internas se bañaran con agua fría en pleno invierno, las autoridades penitenciarias instalaron un calefón y permitieron el ingreso de ropa de abrigo adicional.
Hace pocas semanas, Sala fue trasladada a una celda de un tamaño no superior a 3 por 2 metros.
La dirigente social comentó en reiteradas oportunidades a sus visitas sobre el inicio de informes negativos por parte de la guardia por defender a otras internas, por ejemplo, cuando eran llevadas a la celda de castigo, conocida como “chancho”.
Vale recordar que poco tiempo atrás la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) denunció la existencia de celdas de castigo en la cárcel Villa Devoto, lo que motivó la clausura definitiva de esas unidades, ya que incumplen las normas mínimas establecidas por las Naciones Unidas respecto a las condiciones de detención.
Por otra parte, sobre los informes emitidos sobre la conducta de Sala, es importante considerar que son elaborados por las guardias, sin que el interno tenga la posibilidad de responder a las acusaciones, violando también así el legítimo derecho de defensa.
