Milagro Sala fue trasladada esta mañana desde la casa de El Carmen donde cumple prisión domiciliaria hasta el despacho del fiscal Diego Cussel, quien pretendía tomarle declaración indagatoria en el marco de una causa reciente en la que se investiga un supuesto lavado de activos. La dirigente social, quien cumplió 857 días privada de su libertad, se abstuvo de declarar.
La abogada Paula Álvarez Carreras, integrante del equipo de defensa de Sala, explicó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) que hizo uso de su derecho a abstenerse de declarar pues está presentado un pedido de nulidad de la imputación. «Estamos cuestionando esta causa, que se le inició a Milagro hace muy poco tiempo y por la cual se realizaron allanamientos en enero de este año, denominada ‘lavado de activos’, porque entendemos que es violatoria a su derecho de defensa y a la presunción de inocencia. Hoy se abstuvo de declarar porque es su derecho. Estamos diciendo que no sabemos de qué debe defenderse, por lo tanto, no puede ejercer su derecho de defensa», precisó.
El pedido de nulidad está basado en que en el expediente se habla de supuestos lavados de dinero que Sala habría llevado a cabo junto a otras personas, y para fundamentar esta presunción se toma como elemento de prueba que la organización Tupac Amaru era una asociación ilícita que se había constituido con fines espurios, con la finalidad de darle apariencia lícita a recursos obtenidos de manera ilícita. «Esta causa toma lo que está en la causa Pibes Villero, pero esto es de suma gravedad porque se está dando por probada la existencia de la asociación, algo que de ninguna manera es posible porque la causa Pibes Villeros todavía no fue a juicio, y por lo tanto no se determinó la existencia de esa asociación», explicó Álvarez Carreras.
«Esto se debe probar en un juicio y lo tiene que decir una sentencia condenatoria firme, de manera que adelantarse y entender que hay cosas probadas en una instancia de investigación, no corresponde. Y si se hace así, entonces hay un prejuzgamiento, lo que significa una violación al principio de inocencia, que en Jujuy, pese a los intentos de un sector de la justicia, aún está vigente», completó.
La imputación por lavado de activos contra Milagro Sala la lleva a delante el fiscal Cussel, a cargo de la fiscalía número 2, y el juzgado de control dfel juez Isidoro Cruz. La abogada remarcó que no existen hechos específicos para la acusación, sino que está planteada en términos generales. «Se dice que ella adquirió bienes registrables de manera ilícita, que los puso a disposición de terceras personas o de ella y su familia, que se habría quedado con recursos del estado, y se hace referencia al dinero que recibían las cooperativas para la construcción de viviendas», explicó.
«Se habla de una inconsistencia de su patrimonio pero no se dice específicamente de dónde surge; se habla en general de viajes al exterior, pero no se dice cuándo se hicieron ni cuál sería la razón para cuestionarlos -continuó-. Por todo esto estamos planteando que la acusación no es clara, que se habla de generalidades en las que no se indicam los elementos de prueba en los que se apoya».
Por otro lado, recordó que «es importante que cada imputado pueda acceder a la información, pero hasta el momento es muy difícil acceder porque son varios defensores, varias personas imputadas; y si bien no se nos han negado los expedientes, lo cierto es que hay anexos y pruebas documentadas que no están disponibles permanentemente».
En este sentido, refirió que la defensa de Sala pidió al juzgado que ordene la digitalización del expediente, de todas las pruebas y los cuerpos existentes, y dio el ejemplo de la causa Pibes Villeros, que tiene 57 cuerpos de la parte principal más 18 anexos. «Es casi imposible, con estas causas tan abultadas, de documentación que se repite, llegar a esta instancia con una acusación clara y con la información para saber de qué se trata», destacó.
Álvarez Carreras precisó que el planteo de nulidad de la acusación debe ser resuelto por el juez Isidoro Cruz, una vez que reciba el dictamen del fiscal Cussel, quien tiene cinco días para hacerlo. «Nosotros esperamos que se resuelva lo antes posible, porque además Milagro tiene varias causas en su contra y siempre se puso al servicio de la justicia», indicó.
La abogada se refirió también a la causa conocida como «la balacera de Azopardo», y detalló: «Se desarchivó una nueva causa donde se habla de una sustracción y destrucción de expediente, y se está acusando a un empleado judicial de haber sustraído parte de un expediente que tiene que ver con esa balacera y que se destruyó. Ahora apareció un testigo nuevo que declaró que Milagro había dado la orden de hacer eso, y con esa declaración se la imputó como determinadora».
Recordó luego que se trata de una causa prescripta sobre un hecho que ocurrió en 2007, que se investigó en su momento. «La persona que hoy está imputada como funcionario público es un un exempleado judicial, actual empleado del Ministerio Público de la Acusación. Ahora la causa se reedita, y nosotros hicimos los planteos en relación a eso porque entendemos que hay una doble persecución, que el hecho ya se investigó y que no existen nuevos elementos de prueba, salvo este testigo que aparece», señaló, y recordó que en el juicio por el escrache a Gerardo Morales, Milagro Sala fue comndenada con el único testimonio de René «Cochinillo» Arellano. «Es un caso similar, así que es probable que hagan avanzar esta causa sólo con este testigo», concluyó.