Por Gabriela Tijman. A diez años de su detención, Milagro Sala atraviesa un momento crítico de salud en La Plata, mientras el legado de Gerardo Morales se desvanece en el olvido y la justicia de Jujuy persiste en el acoso.
Diez años transcurrieron desde aquel sábado al mediodía en que la referente de la Tupac Amaru fue detenida en San Salvador de Jujuy. Tras su paso por la comisaría de la mujer en Los Huaicos y el penal de Alto Comedero, la prisión domiciliaria la llevó primero a su casa de Cuyaya y, finalmente, a la ciudad de La Plata en 2023. El Poder Judicial de Jujuy demoró casi un año en autorizar este traslado, ignorando sistemáticamente los informes médicos que indicaban la urgencia de un tratamiento para su cuadro de trombosis venosa profunda; una complejidad que la salud jujeña no podía resolver.
En el Hospital Italiano de La Plata fue sometida a cirugía, pero la demora limitó las posibilidades médicas y el problema de fondo persiste. Hoy, Milagro convive con una medicación y un tratamiento para una condición crónica que ha derivado en secuelas y efectos colaterales que agravan su vulnerabilidad.
Se ha dicho con insistencia: la deriva autoritaria iniciada por Gerardo Morales en 2015 fue un laboratorio de prácticas que se expandirían a nivel nacional. Morales inauguró su gestión encarcelando a Milagro Sala y a decenas de referentes sociales; ocho años después, se despidió con el bochornoso procesamiento de dos ciudadanos por el simple hecho de tuitear un chiste sobre su entorno familiar.
En ese intervalo, se desplegó en Jujuy una estrategia de comunicación eficaz para instalar un sentido común punitivista, bajo la idea central de que el encarcelamiento de los «tupaqueros» traía un alivio social basado en el fin de los cortes de ruta. Bajo esa premisa, se derramó un disciplinamiento silencioso que fracturó lazos y sembró desconfianza. El manto de sospecha alcanzó a todos: luchadores sociales, sindicatos, pueblos originarios, colectivos culturales y docentes. En Jujuy, ejercer el derecho a la opinión y a la protesta se convirtió en un acto de riesgo.
Ironías del destino: aquel que soñaba con la presidencia de la nación exhibiendo como trofeo el cuerpo paralizado de Milagro, terminó diluyéndose. Hoy, Morales desapareció de la escena pública, quizás esperando que su imagen de tiranuelo de cabotaje se pierda en el olvido.
Mientras tanto, la realidad de Milagro es de una fragilidad extrema. Pasó el último fin de año internada en el área de salud mental del hospital San Roque de Gonnet, tras una crisis que puso en peligro su vida el 28 de diciembre. Su médico personal, Jorge Rachid, describió el cuadro como «una descompensación generada por una acumulación de presiones y una desestabilización anímica profunda», producto del acoso que la justicia jujeña aún perpetúa sobre ella.
Allí permanece, con visitas restringidas y bajo estricta supervisión, mientras jueces y fiscales intentan declararla «en rebeldía» por no asistir a audiencias virtuales en medio de su internación.
A partir de este viernes, según lo dicta el Código Penal, Milagro está en condiciones de solicitar la libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su condena. De concederse, podría permanecer en La Plata por razones de salud, siempre y cuando la justicia jujeña lo autorice. Pero más allá de lo jurídico, las huellas en su cuerpo y en su alma —tras una década de asedio judicial y mediático— quedarán como el testimonio de un estigma vergonzoso para la democracia argentina.
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