Con 30 años de vigencia de institucionalización democrática, podemos esgrimir argumentaciones, fundadas a lo largo del camino recorrido en búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia en el cimiento institucional que construimos en nuestro pueblo, y es precisamente producto de esta construcción, que nos llevó varias décadas, en que nos encontramos frente a esta determinación y nos preguntamos ¿cuáles son las razones de peso, para que el gobierno haya sostenido para tan importante función a este militar denunciado por violación a los derechos humanos?
Aún no encontramos respuestas. Estamos hablando de un gobierno con iniciativa y firmeza que ha hecho de la vigencia de los derechos humanos y del enjuiciamiento a los genocidas del Proceso de Reorganización Nacional, el eje central de su proyecto, lo que ha generado, incluso la incorporación de nuevas generaciones a la política como así también, prestigio internacional y una jurisprudencia nueva en ese terreno.
El argumento de que este militar no ha sido procesado por los delitos de los que se lo denuncia, resulta inadmisible luego de que en nuestro país se ha demostrado, a través de más de 100 juicios por delitos de lesa humanidad con sentencias, que una de las características de la práctica represiva y desaparecedora, ha sido garantizar la impunidad para los perpetradores.
También, por otro lado, desde la tarea en diversos organismos relacionados a los derechos humanos, sabemos que hay decenas de casos y denuncias que aun no han sido procesados, mucho menos llevados a juicios. Sin embargo, hasta hora, no conocemos un solo caso que haya tomado estado público, en el que una persona haya denunciado fraudulentamente a un represor o a un cómplice de ese aparato. Las denuncias o los testimonios de las victimas o de las víctimas- testigos, han sido y son irrefutables.
Sin embargo, son refutables las argumentaciones volcadas por Cesar Milani, en su respuesta, voluntaria a planteos efectuados por el Cels, en relación a su desempeño durante la dictadura: entre 1976 y 1983, Milani fue un militar que no vio, no escuchó y no habló con nadie de lo que ahora reconoce como “la intensidad de la represión” implementada en el país y admite la existencia de graves hechos, que aun hoy le parecen “inverosímiles”.
Ante la realidad de la actual situación sobre este militar, nos sumamos a los organismos de familiares de desaparecidos y a los militantes de derechos humanos del interior del país, para sostener que corresponde ahora a la Justicia intervenir y agilizar las investigaciones para establecer la verdad alrededor del desempeño durante la dictadura del ahora nuevo Jefe del Ejército Argentino.
Hoy como ayer, demandamos que el sistema jurídico y judicial, agilice sus mecanismos y estructuras para despejar la realidad de este altísimo funcionario militar, señalado por familiares de victimas como implicado en delitos de lesa humanidad.
Nuestra crítica a que una “justicia lenta no es justicia” está aun vigente.
Verdad, Memoria, Justicia