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El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la derogación del Decreto 715/2004, que había establecido la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.
De este modo, el Estado pierde una herramienta fundamental para encontrar a los niños y niñas desaparecidas durante la última dictadura militar, en un contexto en el que desde el propio oficialismo se impulsa la impunidad de los represores condenados por delitos de lesa humanidad y se reivindican las acciones llevadas adelante por el terrorismo de Estado.
Esa Unidad, creada en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El decreto argumenta que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. En particular, señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.
El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional. Subrayó que “la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales”.
La Conadi
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), fue creada en 1992 y sus alcances, objetivos y facultades fueron ratificados en 2001 por la Ley 25.457. Era un organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos responsable de garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en lo referente al derecho a la identidad (artículo 7, 8 y 11).
Impulsaba la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, durante la última dictadura cívico-militar a fin de determinar su paradero y restituir su identidad. Para esto, requería asistencia, información y colaboración del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y ordenaba la realización de pericias genéticas en dicho Banco.
Además, intervenía en toda situación en que se viera lesionado el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes.
Entre otras acciones, la Conadi recibía y atendía a las personas que se presentaban con dudas sobre su identidad y, en caso necesario, solicitaba al BNDG la realización de pericias. Recepcionaba denuncias e información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas y, de existir elementos suficientes, promovía instancias pre-judiciales o judiciales con el fin de esclarecer su identidad.
Asistía a jueces y fiscales en los casos de apropiación de menores de edad durante la última dictadura cívico-militar; relevaba los integrantes de cada grupo familiar de las mujeres embarazadas que fueron víctimas de la represión ilegal en cualquier punto del país con el fin de incorporar sus datos genéticos al BNDG, y brindaba acompañamiento psicológico y asesoría jurídica a las personas en los procesos judiciales de restitución de identidad y a los distintos actores involucrados en ello.
