La medida se dispuso a través de la Resolución Nº 026/2014 de la Dirección de Minería y Recursos Energéticos, en favor el emprendimiento que operan las empresas Procesadora de Boratos Argentinos S.A. y Minera Loma Blanca S.A., «en salvaguarda de los puestos de trabajo directos e indirectos que la actividad genera».
El funcionario precisó que la empresa presentó ante la Dirección de Minería y Recursos Energéticos la respuesta a los requerimientos efectuados en ocasión de la clausura, que será evaluada y analizada técnicamente por el Departamento de Policía y Control Minero.
«No obstante, resulta necesario que las tareas habituales, en orden a la explotación de boratos que realiza Minera Loma Blanca, sean retomadas en salvaguarda de los puestos de trabajos directos e indirectos que la actividad genera», señaló Navarro.
Dijo además que se acordó un nuevo régimen laboral, consistente en 1 x 1 con la modalidad de siete días corridos de trabajo por siete días de descanso, en turnos rotativos por equipos. La jornada laboral será de doce horas de trabajo en las que se encuentra incluida una hora de descanso y comida prevista en el convenio colectivo de trabajo.
La liquidación salarial correspondiente será mensualizada según categoría, más antigüedad, zona y adicional establecido por acta acuerdo 2003 con alcance a todos los trabajadores de la Mina Loma Blanca, según escala vigente establecida por el sindicato. Asimismo, se logró el compromiso del pago de los días caídos mientras se mantuvo la medida.
También se acordó elaborar programas tendientes a resolver los requerimientos en materia social y ambiental.
La problemática que dio origen a las sanciones dispuestas por el organismo minero fue denunciada por la comunidad de Coranzulí en general, así como el gremio y comisión municipal, entre otros.
En ese sentido, repasó Navarro, el Estado cumplió con su obligación legal de control sobre la actividad en base a fundamentos legales y técnicos, y resolvió sobre la continuidad de las labores teniendo en consideración esos mismos fundamentos.
El futuro del proyecto, afirmó, dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos por todas las partes, mientras que la Secretaria de Minería e Hidrocarburos estará alerta, de tal manera que no existan retrocesos en los logros alcanzados.
Navarro indicó que se puso en práctica una serie de acciones que tienen por objeto que los proyectos mineros en sus diferentes etapas, tanto de exploración como de explotación, actuales y futuros, incorporen características tales que sean capaces de generar un escenario de revalorización de la actividad minera con fundamento en beneficios tangibles a los pobladores de la zona de influencia, a la ciudadanía en general y al sector productivo de la provincia.
«A tal fin, concebimos que cada proyecto es el centro de un sistema de desarrollo local y regional que debe irradiar mejores condiciones de vida a los pueblos de su área de influencia, generando un escenario armónico para el ejercicio de los derechos de las empresas, de los pobladores y del estado en virtud del dominio originario sobre los recursos mineros», argumentó.
Asimismo, destacó que existen responsabilidades propias de la empresa titular del proyecto, tales como ejecución del proyecto, captación de mano de obra local, desarrollo de proveedores locales, responsabilidad ambiental, responsabilidad social empresaria y obligaciones tributarias, entre otras.
«Considerando al proyecto como un sistema, resulta imposible o inconveniente disociar esas responsabilidades que deben ser cumplidas en su totalidad y de modo continuo para asegurar de este modo la sustentabilidad del proyecto, así como la licencia social para el desarrollo del mismo que es, en definitiva, una variable dinámica que marcha en el sentido del goce de beneficios vinculados a la minería de manera directa o indirecta», indicó.
Navarro enfatizó que «esto finalmente significa que donde hay un proyecto minero activo no puede haber necesidades básicas insatisfechas, al menos en la zona de influencia directa» y agregó que «de no lograrse esta ecuación positiva seguramente habrá resistencia a la ejecución de proyectos que se diseñen a espaldas de la población local».
Explicó que cuando se define a este modelo como de inclusión social y previsibilidad ambiental, «lo que se impone como política de Estado es determinar claramente obligaciones para las empresas mineras que deben cumplirlas y también atender, colaborar y sumar a las soluciones de los otros problemas en forma conjunta con el Estado».
Además debe promover, con asistencia técnica y financiera, la generación de cooperativas integradas con miembros de las comunidades, con el objeto de que sean estas las que presten servicios a las mineras, en materia, tales como mantenimiento de viviendas y edificios de administración, de equipos mineros, vigilancia, transporte de personal y catering, entre otras.
A su vez, las empresas deben desarrollar y contratar proveedores locales de insumos y servicios, quienes de esta forma se convertirán en socios estratégicos de los proyectos mineros.