El fiscal de Estado, Mariano Miranda, durante su exposición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que “la provincia está comprometida con los derechos humanos”, durante la audiencia sobre la criminalización de la protesta social en Jujuy, que se realizó esta mañana en la sede del organismo en Washington.
Sostuvo que “en ningún caso se hostigó a los referentes sociales”, agregó e indicó que el juzgamiento de los delitos penales en los casos denunciados por fraude al Estado y corrupción de los funcionarios públicos, corresponde a los jueces, sobre quienes el Ejecutivo no ejerce influencia alguna”.
Mejora en los derechos ciudadanos
En otro tramo de su exposición y en compañía del diputado Ramiro Tizón, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, Miranda recalcó que el nuevo Código Contravencional de la Provincia, ampliamente debatido y consensuado por las bancadas políticas que integran la Legislatura de Jujuy, en comisiones y audiencias públicas, “importó un cambio fundamental” puesto que derogó a la vieja Ley de Faltas del año 1951 que otorgaba facultades a la Policía para imponer penas y sin oportunidad de defensa para el acusado. Esto significa que era juez y acusadora, siendo la pena máxima el arresto.
El nuevo Código Contravencional garantiza el derecho a la defensa en juicio y en legítimo proceso, imponiendo la figura del juez. La pena más frecuente hoy es el trabajo comunitario en beneficio de la ciudadanía toda, lo que representa una mejora en los derechos de los ciudadanos.
A fin de ilustrar sus dichos, el Fiscal señaló que durante 2016 se realizaron 1191 manifestaciones de protesta social en diversos puntos de la provincia. Sólo se labraron actuaciones judiciales y contravencionales en el 0,75 por ciento de los casos. “No hay una aplicación abusiva de la norma en Jujuy”, subrayó.
En referencia al acampe promovido por la Tupac Amaru en diciembre de 2015 en la plaza Belgrano, dijo que los manifestantes “cometieron abusos y excedieron límites”.
“La ciudadanía se vio afectada por la acción ilegítima de los miembros de la Red de Organizaciones Sociales, interrumpiendo y entorpeciendo el servicio de transporte, lo que perjudicó a quienes tenían que concurrir a sus lugares de trabajo”.
Una ciudad sitiada
En relación a la situación de queja planteada por el Sindicato del Ingenio Ledesma, apuntó que los trabajadores asumieron una actitud contrapuesta al ejercicio del derecho a la protesta, por cuanto procedieron a cortar de manera permanente y prolongada la Ruta Nacional 34, que es parte del Corredor Bioceánico por el Paso de Jama. “Sitiaron y bloquearon el ingreso a la ciudad de Libertador General San Martín, interrumpiendo el transporte de mercaderías y personas”, precisó. “La protesta social y sindical que tiene raigambre de Derecho Humano, no puede permitir la comisión de delitos en perjuicio de la población”, argumentó.