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Durante la semana pasada, se informó la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad que salió publicada en el Boletín Oficial que suspende las pensiones por invalidez por «incompatibilidades». La resolución establece un plazo de diez días hábiles para que las y los afectados puedan reclamar.
Ante la situación que se generó por este asunto, la diputada provincial del bloque legislativo PTS-FIT, Natalia Morales cruzó con duras críticas a la senadora nacional por Jujuy, la Cambiemos, Silvia Giacoppo, quien aseguró a la prensa local que no habría ninguna baja en las pensiones por invalidez y minimizó las implicancias de la resolución.
Inmediatamente, Morales sacó un comunicado de prensa, donde asegura que “Silvia Giacoppo miente. Con esta nueva resolución, que se respalda en un decreto menemista como el 432/97, quienes sean beneficiarios de este derecho, tendrán diez días hábiles para reclamar supuestas incompatibilidades sino su pensión por invalidez, en el mejor de los casos, quedará suspendida. Hay muchas y muchos beneficiarios que tienen esta pensión, que viven en el interior de la provincia, que viven en la pobreza e indigencia, y que seguramente se enterarán de esta situación cuando no le depositen la pensión, una acción cínica del gobierno».
Respecto a los presupuestos destinados a políticas sociales y el ajuste en curso Natalia Morales dijo: «que Giacoppo minimice este grave ataque a los más desprotegidos y vulnerables, es una muestra cínica de quien cobra más de $150.000 por mes y tiene privilegios como el resto de los senadores, pero también de un gobierno provincial, que avala cada medida de ajuste de Macri sobre las mayorías, mientras un grupo reducido de empresarios en la provincia se queda con el 80 % de la riqueza que se genera».
«Hemos denunciado las miserias de $6.90 por día destinado por el gobierno provincial a cada niña y niño para su alimento en los comedores. Los pensionados por invalidez, que reciben sólo $6.900 por mes, pueden quedar sin ella».
Desde las bancas del PTS FIT afirmaron que presentarán un pedido de informe en la legislatura provincial sobre la cantidad de personas con discapacidad laboral que serían afectadas y exigirán la derogacíón inmediata de esta resolución.
