Morales impulsó la iniciativa atendiendo el reclamo que habían expresado, en abril último, diversas comunidades indígenas de Jujuy. En la Cámara alta, la norma había sido aprobada el 3 de julio de este año.
También se resolvió extender hasta el 23 de noviembre de 2017 los plazos establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la 26.160, y dispuso que el Ejecutivo asigne nuevas partidas para atender el fondo especial creado en el artículo 4 de la norma.
Morales recordó que la “la ley 26.160 cristalizó un innegable acto de justicia y reparación histórica para los pueblos originarios de nuestro país”. Sin embargo, no obstante la ley se registraron incumplimiento estatales que retrasaron el ejercicio efectivo del derecho a las tierras de las comunidades”.
Cabe señalar que el reconocimiento de “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”, está plasmado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, donde además se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.
El legislador destacó la importancia que tiene para las comunidades la posesión y propiedad de sus territorios que son el espacio de producción material y reproducción simbólica, así como de contacto espiritual con sus antepasados y confió que la Ley 26894 ayudará a efectivizar este derecho.
Puso de relieve Morales la histórica lucha por las tierras de los pueblos indígenas que tuvo hitos, como la Batalla de Abra de la Cruz, la Batalla de Quera y el Malón de la Paz. Recordó además que en 2011, tras un corte de ruta de 3 días en Purmamarca, el Gobierno Provincial estableció plazos para entregar los títulos a las comunidades.
Ese compromiso fue vulnerado por eso el 22 de abril de este 2013, las comunidades de los pueblos kolla y quechua concretaron una marcha reclamando la entrega de las tierras y la prórroga de la Ley 26.160.
Atento al reclamo, promovió un proyecto de ley considerando que “sigue siendo necesaria la emergencia dispuesta en la Ley 26160 para evitar desalojos y otro tipo de actos o medidas administrativas o judiciales que pueda afectar su posesión territorial y afectar su derechos a la propiedad comunitaria”.
“La ley aprobada este jueves, explicó, provee reaseguros para los pueblos indígenas, protegiéndoles de eventuales avasallamiento a su derecho constitucional de ocupar los territorios en los que vivieron ancestralmente”.
“En Jujuy hace más de quince años se ha iniciado un proceso de regularización y entrega de las tierras a las comunidades, sin embargo el mismo ha sido lento y ha generado múltiples expresiones de protesta en el movimiento indígena que ha reclamado de diversas maneras, inclusive judicialmente, la conclusión de ese proceso”.
Finalmente, el senador jujeño afirmó que la norma “brindará un marco de seguridad a las comunidades” y abogó para que permita poner término al proceso de regularización de tierras indígenas, largamente dilatado en Jujuy.