Morales presiona a la justicia para que levante la prohibición de la app Simmov

En las últimas horas, y a raíz del cimbronazo que implicó la confirmación de que un efectivo de la policía de la provincia contrajo coronavirus, volvió a dispararse la discusión por el uso de la aplicación Simmov para el escaneo de DNI. A los cuestionamientos que provienen de ámbitos jurídicos y de derechos humanos, se suma la polémica en el seno de la política local, donde legisladores oficialistas y opositores se cruzaron con sendas comunicaciones en las que, dicho en criollo, se tiran con todo.

El gobernador Gerardo Morales, en su informe de la noche del martes, cargó contra la decisión de la jueza María Silvia Bernal, integrante del Superior Tribunal de Justicia, quien la semana pasada firmó una cautelar con la que suspendió la aplicación Sistema de Monitoreo Móvil (Simmov), dando curso a una presentación realizada por el diputado provincial del Frente de Todos-PJ, Emanuel Martín Palmieri.

“Le pido a la justicia, por favor, devuélvanos la herramienta. Está ratificada por ley. Y si no, resuelvan la inconstitucionalidad”, lanzó Morales, y siguió: “Si hoy tuviéramos cargado en el Simmov todos los contactos con ese documento, meto el documento y el sistema me larga todas las personas que han estado cerca de ese documento, y yo les puedo avisar para que vengan y se se les h ace el PCR, que se lo hacemos gratis. Para eso sirve, y es menos invasivo que el Cuidar que implementó el gobierno nacional”.

“Además, la ley establece que es confidencial el dato, y que está bajo el régimen, que es muy rígido, de datos personales. Porque el que vulnera los datos personales va en cana. Así que por favor, devuélvannos esta herramienta”, continuó el gobernador.

El Simmov ya había sido cuestionado desde su implementación. La organización Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) ya había advertido sobre las debilidades del sistema. De hecho, presentó varios pedidos de información pública e hizo llegar recomendaciones al COE para su uso. Nunca hubo respuesta. “Aun en tiempos extraordinarios, siguen vigentes las normas de derechos humanos, que tienen como principal objetivo proteger a las personas y a la sociedad en general”, indicaron desde la organización.

Por empezar, el Simmov presenta una diferencia básica con la aplicación Cuidar, porque esta es de uso optativo para la ciudadanía, mientras que la versión jujeña se utiliza de manera obligatoria con los DNI de cualquier persona. Sobre este punto se pronunció Amnistía Internacional (AI) al advertir que los gobiernos “no pueden imponer el uso obligatorio” de la aplicación, que “su utilización debe ser voluntaria y debe poder ser desactivada y eliminada”.

“No deben existir elementos de coerción o negociación de partes con poderes desiguales”, señalaron en un comunicado.

Otro de los cuestionamientos a la aplicación jujeña está en el hecho de que el gobierno provincial habilitó a comercios y entidades bancarias, además de agentes estatales no policiales, a usar el Simmov para registrar la ubicación de los documentos. Amnistía remarcó que el uso “debe estar dirigido a informar y proteger a las personas” y que “se debe evitar y prohibir cualquier otro uso, incluyendo dar esta información a terceros para uso comercial”.

La organización internacional recordó además que la información relativa a la salud «es un dato sensible y su recolección y tratamiento debe estar autorizado por ley», y que los datos se deben almacenar en sitios seguros, confidenciales, y estar sujetos a eliminación dentro de un plazo determinado.

“Los Estados deben ser transparentes sobre la naturaleza y el alcance de la medida implementada, incluyendo con quiénes comparten los datos que recolectan. El código de uso de datos personales debe ser puesto en el dominio público”, remarcaron.

Más adelante, Amnistía dijo “debe haber una prueba científica y transparente acabada que demuestre que es imposible desanonimizar los datos sensibles recogidos, incluso combinándolos con otro conjuntos de datos”.

Finalmente, indicaron que la recolección y el uso de los datos “debe estar sujeta a una supervisión independiente, capaz de examinar la amplia gama de impacto en los derechos humanos más allá de la privacidad y la protección de datos personales”.

‘Un claro acto de presión’

“Como abogada, no me gusta el sistema”, comentó a El Submarino Diario Claudia González, presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ), y continuó: “Principalmente, porque carecemos de información esencial respecto al funcionamiento, pero sobre todo desconocemos qué va a pasar con esa recolección de datos, en manos de quién y cómo se va a usar”.

Respecto de la legalidad del sistema, la abogada aclaró que si bien está avalado por una ley provincial, “eso no lo hace constitucional, es simplemente un trámite en la Legislatura”. En este sentido, explicó que la constitucionalidad de esa norma “no la va a resolver una jueza, porque el Superior Tribunal de Justicia funciona por salas; por lo tanto se necesitan tres firmas en una sentencia que resuelva la cuestión de fondo”.

Explicó luego que en esa norma “se hace referencia al cumplimiento de la ley de protección de datos personales”, pero sin embargo a la gente “no se le pide el consentimiento previo libre e informado”. En este sentido, recordó que a personas que fueron testeadas de manera aleatoria “se les hizo firmar no solo un formulario con sus datos personales sino que además se les hacía una encuesta política”.

Las dudas sobre la protección de los datos personales registrados con el Simmov no son caprichosas. La titular de la AAJ remarcó el hecho de que el gobernador Gerardo Morales, en sus comunicaciones del COE, “individualiza pacientes, violando la ley de derechos del paciente y la confidencialidad”.

Para González, la referencia de Morales a la jueza que firmó la cautelar constituye “un claro acto de presión sobre el Poder Judicial, y eso atenta contra la división de poderes y contra el sistema republicano de gobierno que elegimos para vivir”.

“Minutos después salió un ejército de seguidores del gobernador en todas las redes, con fotos del diputado que hizo la presentación, con el nombre y la foto de la jueza. Una cosa horrible, agresiva, poco ética, además de impropia para el titular del Poder Ejecutivo provincial -continuó la abogada-. Por eso creo que este episodio excede una deficiencia de comunicación. Creo que se está instando a la persecución, la delación, el odio entre nosotros, y lo que corresponde en estos momentos es llevar tranquilidad”.

‘Siempre lo mismo’

La arena política también se vio agitada por el debate sobre el Simmov. Los legisladores provinciales oficialistas difundieron un comunicado en el que repudian tanto a la jueza Bernal como a «algunos diputados que responden al modelo kirchnerista» por la presentación judicial que culminó con la suspensión del uso de la aplicación. Para el bloque del Frente Cambia Jujuy, «la irresponsabilidad y el odio superan a la inteligencia».

El diputado Emanuel Martín Palmieri, del Frente de Todos-PJ, recordó en declaraciones públicas que «se pidió la declaración de inconstitucionalidad de la ley que permite escanear los DNI, no solo por parte de la policía sino también de otra gente que el COE determine, y también aplicar sanciones».

«Con ello se violaban las garantías constitucionales como la libertad, la igualdad y el debido proceso, y se afectaba la ley nacional de datos sensibles, porque nunca se explicó desde el Ejecutivo adónde iban a parar esos datos», afirmó.

Expresó luego: «No sé lo que es el Simmov porque nunca pasó por la Legislatura. Hasta donde sabemos es una aplicación por la que sujetos privados, no públicos, iban a tener informacion sensible de la ciudadanía, algo que es contrario a la Constitución y a las leyes nacionales y provinciales».

Tras remarcar que el Poder Legislativo, además de legislar, debe controlar a los otros poderes, Martín Palmieri puso el acento en que «el gobernador es responsable de administrar la provincia y es el máximo responsable de lo que en ella sucede».

«El límite lo marca la ley, la Constitución. No estamos en estado de sitio», sentenció.

Sobre los dichos del gobernador, el diputado advirtió:  «Nos quieren echar la culpa de los contagios de ayer porque no pueden usar el Simmov; quieren responsabilizar a una jueza y a este legislador, cuando son ellos el gobierno, ellos son los encargados de realizar los controles, de hacer cumplir los protocolos, de determinar quién puede salir o entrar de la provincia».

«Pero este gobierno nunca se hace cargo de nada -continuó-. Las cosas buenas salen en cuanto medio de comunicación exista, pero cuando las cosas salen mal, la culpa es de otros. Es siempre lo mismo. Antes le echaban la culpa a la herencia recibida, le echaron la culpa a los empresarios, los trabajadores, los docentes. Y ahora a una jueza y un legislador de la oposición. ¿Por qué no se hacen cargo de una vez?»